Mientras el Gobierno del Estado de Chiapas aceptó de forma implícita y conciliadora la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de restituir a Oaxaca 160 mil hectáreas de la zona de Los Chimalapas, habitantes de al menos 14 comunidades indicaron que se apoyarán en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que garantiza el derecho a la autodeterminación para apelar la determinación del máximo tribunal del país.
El gobierno chiapaneco, que encabeza Rutilio Escandón, a través de un comunicado, aceptó que asumió la controversia en una etapa final, sin posibilidad de variar los argumentos ni ofrecer pruebas adicionales, “en virtud de que las reglas de la Controversia Constitucional establecen plazos fatales que concluyeron desde 2017”.
Aseveró que el conflicto data de 2011 y que las administraciones estatales del pasado “tuvieron a su cargo la responsabilidad de defender el caso a nivel judicial”.
Por su parte, Eriberto Cruz Ramírez, presidente de 14 ejidos ubicados la zona noroeste de Cintalapa aseveró que “no estamos de acuerdo con la resolución de la Corte porque, además, tenemos nuestra resolución presidencial que nos acredita como chiapanecos y nosotros debemos de decidir a dónde queremos pertenecer. Que cada comunidad decida si quiere ser de Oaxaca o de Chiapas, pero que sea voluntario, que no nos impongan nada”, aseveró.
El vocero chiapaneco advirtió que la resolución de la SCJN “ha generado incertidumbre, pues es un dictamen en contra de nuestra voluntad. Además, no queremos que nos provoquen y que lleguen a pedirnos que nos salgamos de nuestras tierras”.
Al respecto, el gobierno chiapaneco puntualizó en el comunicado que el Gobierno del Estado manifiesta su compromiso con el Estado de derecho y estará atento a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiterando al mismo tiempo, su permanente disposición con todos los actores para lograr una solución armoniosa que evite un escalamiento de violencia o ingobernabilidad en la zona.
Los chiapanecos asentados en el lado oaxaqueño advirtieron: “pasaríamos a ser de Oaxaca, pero allí está la discusión porque nosotros queremos seguir siendo chiapanecos”.
Insistió en que aparte de su derecho a la consulta, “otro punto a nuestro favor es que tenemos nuestra resolución presidencial, que nos acreditan como chiapanecos”.
“De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, nosotros podemos determinar dónde queremos estar. Vamos a apelar y que el pueblo decida, porque no estamos dispuestos a perder nuestro patrimonio”, dijo.
Entre los poblados que se pronunciaron se encuentran Rafael Cal y Mayor, Constitución, Merceditas, Guadalupe Victoria 2, Juárez 1, Juárez 2, Canaan, San Juan del Río, Agrícola Ganadera, Francisco Sarabia, Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas, San Isidro, Pilar Espinosa y Reforma.
Se defenderán con las armas
Sin embargo, en una presunta publicación aparecida en redes sociales por un medio digital local que ha dejado de publicar desde abril de este año, se señala que habitantes de la comunidad Rafael Cal y Mayor, municipio de Cintalapa, “anunciaron que se defenderán con las armas para evitar que pasen a formar parte de Oaxaca”, pero no se ha podido comprobar la veracidad de la información.
Más conciliador, el gobierno chiapaneco informó que “seguirá pugnando con su similar del Estado de Oaxaca para que, sin contravenir la decisión del Alto Tribunal, la vida cotidiana y los derechos de los habitantes de la región no se vean afectados, y construyamos juntos con el apoyo de la Federación un convenio marco de convivencia armoniosa para la zona limítrofe.
