Proyectos extractivos impactan a comunidades indígenas: Unosjo
Pese a la ley, no respetan voluntad ciudadana, advierte Aldo González
Aldo González Rojas, coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Oaxaca (Unosjo), consideró que pese a la oposición de las comunidades se siguen operando proyectos extractivos.
En entrevista, manifestó que pese a la legislación en la materia no se respeta el derecho de los pueblos; “hay concesiones mineras y explotación que no cuentan con el aval de los pobladores”.
Un caso que es de gravedad y que hemos alzado la voz tiene que ver con el proyecto de Paso de la Reina, en donde han insistido en continuar pese a que la población se opone y se ha generado violencia, sostuvo.
El defensor de la tierra y territorio en Oaxaca, añadió que siguen vigentes los proyectos en San José del Progreso, aún y cuando la ciudadanía ha mostrado su rechazo a la operación y ampliación.
“Ese proyecto minero ha tenido oposición desde hace muchos años, pero el gobierno lo ha mantenido, pero las consecuencias las sufren las comunidades aledañas de Ocotlán de Morelos”, dijo.
Asimismo, anotó que el otro proyecto ubicado en San José de Gracia, no ha tenido tanta resistencia pero el impacto lo han resentido las poblaciones de la región y el Istmo.
“Hay proyectos de extracción en la Sierra Juárez por más de 20 mil hectáreas, eso es el riesgo para los pueblos, porque no se ha respetado la libre determinación de las comunidades”, añadió.
Celebró la negación del permiso ambiental para el proyecto San José II de la compañía Minera Cuzcatlán (filial de Fortuna Silver Mines FSM) que fue publicada el pasado 22 de julio en la Gaceta Oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Anotó que los pueblos afectados por la minería señalan que, desde hace diez años, la empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM) ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca.
Recodó que las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas lograron comprobar las afectaciones, realizar observaciones al permiso ambiental y entregar la determinación de sus asambleas en sus declaratorias de territorio prohibido para la minería a la dependencia encargada de proteger el ambiente en el país.
