Excluyen de la vacunación a internos de penales
Indígenas inocentes y sin sentencia entre los que se encuentran recluidos en las regiones
En tanto la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 avanza en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13, ubicado en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, las autoridades federales han excluido a los internos de los penales estatales.
Hasta el 13 de julio del 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó la aplicación de 254 vacunas anti-covid en el Cefereso de Mengolí de Morelos, pero a la fecha en los penales estatales ningún interno ha sido inmunizado con el biológico.
El reporte penitenciario nacional sobre la pandemia del órgano autónomo, destaca que desde el inicio de la pandemia 36 PPLS y personal penitenciario de los penales estatales y federal de Oaxaca se han contagiado de Covid-19, de los cuales ocho han perdido la vida.
De acuerdo con las asociaciones civiles que defienden los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Oaxaca, entre esta población que corre el riesgo de ser infectadas existen decenas de ciudadanas y ciudadanos de poblaciones indígenas, algunas, incluso sufrieron torturas para declararse culpables.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), dio a conocer que uno de estos internos es Marcos, indígena originario de la localidad de La Chuparrosa, Jalapa de Díaz, de 45 años de edad y hablante de la lengua mazateca, quien por viajar en un vehículo colectivo fue acusado de un delito que no cometió y lleva seis años y en medio de la pandemia peleando por su libertad.
Desde el 3 de enero de 2014, se encuentra privado de su libertad en el Cereso de San Juan Bautista Tuxtepec por el delito de posesión y transporte de mariguana. Durante su captura fue obligado a firmar documentos sin conocer su contenido, sin intérprete, ni defensor que lo acompañara.
Señala que durante sus audiencias, solo en dos ocasiones contó con un intérprete y por la emergencia sanitaria por Covid-19 que decretó el Gobierno del Estado de Oaxaca desde el mes de marzo del 2020, se suspendieron sus audiencias y hasta la fecha no se ha reanudado.
En tanto las autoridades que imparten justicia en el estado se interesen en revisar su caso, actualmente en el centro penitenciario se dedica al bordado y tejido de hamacas y bolsas como su único y principal sustento económico.
