Asociaciones civiles, grupos de abogados e integrantes del congreso local, se sumaron al llamado para exigir al Poder Ejecutivo un cese a los actos de persecución política, acoso judicial, represalias y violencia en razón de género contra la Jueza Érika María Rodríguez Rodríguez y sus abogados.
En el punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, se expuso que la persecución deriva por haber impugnado la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), misma que realizó el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa ante la omisión de los mismos diputados locales para llevar a cabo la votación y designación de las y los magistrados.
Por ello, el Gobernador designó a Moisés Molina Reyes y Abraham Soriano Reyes, sin embargo, al considerar que no se respetó el debido proceso y la paridad de género, la Jueza, Érika María Rodriguez, interpuso un juicio de amparo que fue considerado por el Juzgado Décimo Primero y ordenó suspender los magistrados designados por el ejecutivo.
Para revertir esta situación el gobierno estatal a través de la Consejería Jurídica, que encabeza José Octavio Tinajero Zenil, presentó una contra-demanda que a decir de las asociaciones civiles violan los derechos de la Jueza y los abogados entre los que se encuentran Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena.
Los representantes de los grupos de abogados denunciaron que el ejecutivo ordenó investigar como acto intimidatorio a Érika María Rodríguez y sus abogados, por lo que se han manifestado en contra de estas acciones.
“Nos pronunciamos por la no criminalización del maestro Carlos Morales Sánchez por ejercer la profesión de abogado y de la Jueza Érika Rodríguez, por acudir en la libertad de ejercer sus derechos ante los tribunales”, expuso Gustavo Cruz López, presidente de Praxis Universitaria.
Al llamado y actos de solidaridad se han sumado otras instancias como Asesoría Jurídica Popular, que respalda al abogado “por su lucha en favor de la justicia y defensa de los derechos humanos y reprobó la criminalización de su conducta, ejercida por el Gobierno del Estado”.
En sesión de la Diputación Permanente, las y los diputados se sumaron mediante un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo para que cesen los actos de persecución política, acoso judicial, represalias y violencia en razón de género contra la Jueza Érika María Rodríguez Rodríguez y sus abogados.
