Cuesta 30 veces más un reo que un alumno de la UABJO

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 13 de Mengolí de Morelos, Oaxaca, es una pesada sangría para arcas federales y un gran negocio para particulares. Con una población de 1, 493 presos y capacidad para recibir a 2, 500 personas privadas de su libertad, por lo que está al 59.7 por ciento, el gobierno federal paga a la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI de CV una renta de mil 771 millones 913 mil 932 pesos con 21 centavos al año por su operación, de acuerdo a la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a una solicitud de información y a datos de la Presidencia de la República difundidos en la mañanera del 13 de enero pasado.

En promedio, la estancia de cada interno ahí cuesta al estado mexicano 1 millón 186 mil 814 pesos con 42 centavos al año, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; en cada preso federal se gasta una suma equiparable a 30 veces lo que se destina anualmente a un estudiante de licenciatura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que, en 2019 el rector de la máxima casa de estudios del estado, Eduardo Bautista, estimó en 40 mil pesos, uno de los más bajos del país.  

El Cefereso 13 de Mengolí está dentro de los ocho centros penitenciarios federales comprendidos en un convenio firmado por el gobierno federal, el 27 de diciembre de 2010, un día antes de los Santos Inocentes, por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en tiempos en que la seguridad estaba en manos de Genaro García Luna, hoy preso en EU acusado por nexos con el narco, y donde se estipula que la Federación pagará a una empresa particular “por los servicios como la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato”. El caso de Oaxaca, se señala, data de 2011, de acuerdo con información de seguridad.

El Cefereso 13 tiene un gasto en operación anual de más de 1.6 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) que, de acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2020, recibió 1 mil 82 millones 938 mil 553 pesos el año fiscal de 2020 y que ha pasado penurias y ha debido tronarse los dedos para cubrir sueldos, aguinaldos y gastos operativos de la institución en los años más reciente

Mengolí de Morelos es una comunidad del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a una distancia de 110 kilómetros al sur de la capital del estado y que contaba con no más de 253 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010. Desde 2011 se documentaron protestas en la zona por la construcción del centro penitenciario.

El Cefereso 13 fue inaugurado el 14 de mayo de 2013  y edificado bajo un contrato de prestación de servicios (CPS) con la iniciativa privada, en este caso con la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI de CV , misma que sería responsable de su operación por 20 años, hasta 2033. Edificado sobre una superficie de 117 hectáreas sería el primero del régimen federal construido en Oaxaca y también el primero en el país operado por la iniciativa privada, se señala en la información de la apertura que realizaron el entonces comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Kalb y el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

Si atendemos que el centro penitenciario requirió de 4 mil millones de pesos para su construcción, en 4 años el gobierno federal gastaría en su operación un monto equiparable al costo de su edificación. 

El gobierno federal ha propuesto cancelar los contratos de prestación de servicios que implica un gasto anual por 15 mil 562 millones 904 mil pesos para operar los Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora; el 12, de Ocampo, Guanajuato; 13 de Mengolí de Morelos, Oaxaca; el Cefereso CPS 14 de Gómez Palacio, Durango, en la región de La Laguna colindante con Torreón, Coahuila; el 15 de la Villa Comaltitlán, Chiapas, incorporado el 28 de marzo de 2014; el 16 CPS Femenil de Coatlán del Río, Morelos; el 17 CPS de Buenavista, Michoacán y el Centro Penitenciario Federal 18 CPS de Ramos Arizpe, Coahuila.

Con obligaciones por 1 mil 771 millones  932 mil pesos por la operación anual, el Cefereso 13 CPS de Mengolí, en Miahuatlán de Porfirio Díaz representa el 11.38 por ciento de los 15 mil 562 millones 904 pesos que gasta la federación en los Ceferesos que operan bajo el esquema de Contratos de Prestación de Servicios (CPS). El acuerdo de incorporación al sistema fue publicado en la edición del Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2013, un mes después de su inauguración, y firmado por el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y año y medio después de que Calderón transfirió el poder a Enrique Peña Nieto.

En una respuesta a solicitud de información girada a través de la Plataforma de Transparencia, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal se indica “cabe señalar que ninguno de los centros penitenciarios federales es administrado por alguna empresa o particular. Un solo preso en Mengolí cuesta, al día, 3 mil 296 pesos, casi 99 mil pesos mensuales, que sería un jugosísimo salario para cualquier ejecutivo o alto funcionario.

“Despresurizar” el sistema

Durante la apertura, Cué Monteagudo aseguró que “se trata de un reclusorio moderno, equipado con tecnología de punta” y que “ayudará a despresurizar el sistema penitenciario”. El 2 de octubre de 2020 EL IMPARCIAL daba cuenta que habían sido trasladados a Mengolí al menos 80 presos de altísima peligrosidad tras el cierre del Penal de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Habían llegado en 2 aviones desde Jalisco y conducidos de manera sorpresiva para evitar que los internos interpusieran amparos; su traslado fue acompañado por un grueso y espectacular operativo policiaco. De aquel penal se fugó Joaquín “El Chapo Guzmán” en enero de 2001.

Algunos de los trasladados pertenecen a bandas delincuenciales como los carteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.