Ante el aumento de manifestaciones de comerciantes que demandan frenar la reforma de ley que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad en Oaxaca, el titular del Poder Ejecutivo aún podría vetar esta norma.
“Todavía no es tiempo de que pueda llegar hasta la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con el reglamento que emitió en su momento la Secretaría de Educación Pública (SEP), que prohibía la venta de comida chatarra en todos los niveles educativos”, señaló Adán Córdova Trujillo, quién ha realizado trabajos en temas legislativos en el congreso local.
El maestro en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, explicó que “la diferencia entre el reglamento emitido por la autoridad educativa y el poder legislativo radica en los instrumentos jurídicos”.
“Hay una gran diferencia entre un reglamento y una ley, el reglamento por temas generales puede emanar del poder ejecutivo o de alguna autoridad competente que le faculta la ley para emitir un reglamento en su campo de acción, en este caso la SEP en su momento estableció un reglamento en el campo de su acción, solamente podía incidir en las escuelas públicas. En el caso de la ley es una facultad del Poder Legislativo y tiene una fuerza mayor porque ya obedece a todo el estado”.
Derivado de las inconformidades que se han desarrollado en la entidad por esta nueva norma en el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, con el cual se prohíbe la venta, distribución, donación, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a la población infantil, dijo que a nivel local “el Gobernador tiene facultades para observar el procedimiento y vetarlo”.
“De no hacerlo y que pueda caminar para su implementación, existe la siguiente instancia y para un juicio de inconstitucionalidad, la misma ley estatal establece los requisitos, algo importante es que la Constitución establece que cuando se realicen acciones de inconstitucionalidad, cuando menos el 30 por ciento de los diputados deben de estar de acuerdo, de los 42 diputados en Oaxaca podrían ser 13 diputados para obtener el 30 por ciento y promoverlo, pero además se requiere un argumento jurídico y la violación de los derechos fundamentales que tiene que ver con este ejercicio”.
Córdoba Trujillo afirmó que quien sienta que esta reforma le llegue afectar algún derecho fundamental, “tiene todo el derecho de establecer un procedimiento jurídico, por eso ahora vemos que los diferentes sectores de la iniciativa privada y pequeños comercios están solicitando al Gobernador el veto”, destacó.
