Incrementan quejas de derechos humanos contra autoridades municipales de Oaxaca
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuenta a la fecha con 89 quejas y 43 cuadernos de antecedentes por casos relacionados con la pandemia por Covid-19, tanto por abusos de autoridades municipales como discriminación al personal de salud.
El registro del organismo estatal muestra un total de 27 quejas por abusos de autoridades municipales, por detenciones arbitrarias, retención de personas ajenas a la comunidad, cierre de negocios, cobro de multas y abusos por presunto desacato de medidas sanitarias.
También 15 quejas relacionadas con filtros sanitarios y el cierre de accesos a municipios, además de dos quejas de pobladores donde solicitan que se informe a la población de una comunidad, sobre la posible existencia de personas infectadas con Covid-19.
En el registro, la DDHPO cuenta con una queja en contra de autoridades municipales por no tomar las medidas necesarias para prevenir los contagios, así como otra más por la suspensión del servicio de agua en medio de la crisis sanitaria.
Entre otras quejas más se encuentran aquellas por desacato a las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19, contra quienes no realizaron acciones ante la contingencia, así como de familiares de una persona fallecida que acusaron a una autoridad de obligarlos a recibir un acta de defunción que indica que la causa de la muerte de su pariente fue Covid, pero ellos lo niegan.
De las quejas de trabajadores de salud, se encuentran siete de personal sanitario que está considerado como población en riesgo, pero no se les permite ausentarse de sus labores, además de otras tres por la retención que algunos sufrieron en comunidades, entre otras.
En quejas contra los servicios de salud, se encuentra un por un cambio en el diagnóstico de su familiar fallecido, quien en sus primeros estudios dio negativo a Covid-19, pero el personal de salud afirmó después que era un caso positivo.
Otra más de una persona paciente de Covid-19 a la que le fue negado el servicio médico cerca de su comunidad y tuvo que ser trasladada hasta la ciudad de Oaxaca, entre otras más contra instituciones privadas por no hacer caso a la contingencia y obligar a trabajar a grupos vulnerables.
