En mayo de 2017, apenas dos días después del cobarde asesinato del periodista Javier Valdez frente a las oficinas del semanario Ríodoce en Culiacán, Sinaloa, dos periodistas de la revista recibieron mensajes infectados por el programa espía Pegasus, según documentó la organización académica Citizen Lab.
Este programa fue usado de manera ilegal por agencias gubernamentales para intervenir los celulares de por lo menos 28 periodistas y activistas en México, lo que detonó el escándalo conocido como #GobiernoEspía.
Ismael Bojórquez, director del reconocido medio sinaloense, y el periodista Andrés Villarreal, recibieron una serie de mensajes con enlaces infecciosos que de activarse hubieran instalado en sus celulares el programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
Esa empresa vende su programa de manera exclusiva a los gobiernos y agencias gubernamentales, pero Citizen Lab documentó que regímenes autoritarios utilizaron Pegasus para acallar y reprimir a activistas.
“Desde los primeros días empezaron a llegar los primeros mensajes, dos días después llegó el primer mensaje raro. Recordamos el antecedente del espionaje con Pegasus y hablamos con el resto de la redacción para que no los abran”, explicó Bojórquez.
“Esto tiene que parar, es un buen momento para seguirlo denunciando, porque no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que algún gobierno, alguna dependencia o algún grupo incrustado de manera ilegal en el gobierno intercepten nuestras comunicaciones, y mucho menos de manera tan vil”, añadió.
De acuerdo con el periodista, Andrés Manuel López Obrador ha prometido ya varias veces que no habrá espionaje en su gobierno, aunque Bojórquez expresó sus dudas respecto de la capacidad del presidente entrante para “controlar a los grupos que tradicionalmente se mueven en las corporaciones policíacas, el Ejército, la Armada y ahora en lo que va a ser la Guardia Nacional”.
En México, el Citizen Lab y la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentaron el uso de Pegasus contra 28 personas, entre ellos la periodista Carmen Aristegui y los integrantes del equipo de investigación que reveló el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o activistas que abogan por el incremento del impuesto a las bebidas azucaradas.
El pasado jueves 22, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el lanzamiento de una investigación de oficio al respecto.
Sobre el tema se pronunció este martes Ana Cristina Ruelas, directora general de Artículo 19, quien dijo que el uso del software representa “una seria amenaza contra las instituciones democráticas”.
A más de año y medio de las revelaciones sobre el uso ilegal del malware Pegasus por agencias gubernamentales contra periodistas y activistas, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo realizó un simulacro de investigación, de la que además no dio avances.
“Hubo nulos avances en la investigación y una nula voluntad política para atenderlo”, deploró Juan Manuel Casanueva, director de la organización SocialTIC.
Entre las agencias de gobierno, la propia PGR es una de las principales sospechosas de haber espiado los ciudadanos de manera ilegal –principalmente la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio–, pues reconoció haber comprado el programa.
Organizaciones como Artículo 19, SocialTIC, R3D y Citizen Lab urgieron el próximo gobierno a esclarecer el uso de Pegasus en la administración de Enrique Peña Nieto y a transparentar todo lo sucedido.
“El país necesita esclarecer este caso, por su propia salud democrática”, aseveró Luis Fernando García, director de R3D.
