Sólo durante 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el sistema de salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos, dinero que se transfirió a “otras” cuentas; fue utilizado para fines ajenos (pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría) o simplemente no hay comprobantes o recibos que sustenten que ese dinero cumplió su objetivo.
Ese es el resultado de tres auditorías realizadas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a los recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y a PROSPERA, y al Programa de Inclusión Social en su componente Salud.
Esos más de 187 millones de pesos que no se aplicaron en salud en 2017 se explican por cantidades de dinero transferidas a cuentas bancarias no registradas, pagos de los que no hay recibos, dinero del que no se sabe dónde está o en qué se aplicó, pagos a gente que no tenía el perfil requerido para cierta plaza, pagos a personal sindicalizado que no estaba cubierto por esa partida, subejercicio sin comprobar y pagos a personas de las que no hay prueba de que hayan trabajado.
Tan solo del monto sin comprobar, la ASF detectó 81 millones 917 mil 466 pesos y 76 millones 223 mil 651 pesos de dinero que fue utilizado para otro fin.
Chiapas es la entidad con el mayor número de pobres en México. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 4 millones 114 mil chiapanecos viven en esa condición y 802 mil 600 registraron en 2016 tener carencia en acceso a los servicios de salud. Es el Chiapas del gobernador y senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello.
73 millones de Salud… al sindicato
En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF detectó que el Instituto de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Leticia Guadalupe Montoya Liévano, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través de la cual se realizaron transferencias a otras cuentas y fondos por 22 millones 974 mil 200 pesos, de los que se solicitó acreditar con evidencia documental el destino de ese dinero y en qué se utilizó.
Al Gobierno del Estado de Chiapas le fueron asignados 4 mil 202 millones 197 mil pesos por concepto del FASSA de 2017.
Otra de las observaciones recae sobre un rendimiento de 333 mil pesos de los que no hay recibos; 6 millones 888 mil 821 pesos de los que no se acreditó su destino, aplicación o pago acorde a los objetivos del fondo y 2 millones 367 mil 822 pesos que se pagaron a 10 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado pero que cobraron en el ejercicio fiscal 2017, sin los requisitos académicos solicitados.
La cantidad más grande que reclamó la ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. El probable daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos.
También hubo problemas en la contratación de los servicios de limpieza y de vigilancia, que fueron pagados con recursos del FASSA 2017, pero que no se licitaron, ni adjudicaron de conformidad con lo establecido en las bases de licitación y, en los casos, de excepción a la licitación no se dispuso de la justificación y del soporte suficiente.
Más dinero sin comprobar
La ASF detectó otros movimientos similares. En la revisión del presupuesto de Prospera en su componente de Salud, se encontró que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas realizó transferencias con recursos de Prospera por 5 millones 900 mil pesos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, los cuales no fueron reintegrados al 31 de marzo de 2018 –fecha del corte de la auditoría–. A esa cantidad se suman 143 mil 392 pesos de los que no se tiene conocimiento de su destino.
Algo similar ocurrió con 32 millones 642.4 miles de pesos que resultaron como subejercicio del presupuesto anual de Prospera en 2017. La ASF pidió la justificación de ese dinero y de por qué no se ejerció.
También del dinero de Prospera, se detectaron pagos a personal del que no existen pruebas de que hayan laborado en las plazas en las que fueron contratados. El daño al erario estimado en esos salarios es de 194 mil 089 pesos.
Finalmente, en la auditoría a los recursos federales transferidos a través del acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, por un monto de 2 mil 447 millones 239 mil pesos, el Gobierno del Estado de Chiapas quedó pendiente de aclarar y justificar 42 millones 242 mil 869 pesos. Esa cantidad se debe comprobar antes del 31 de diciembre de 2018 y posteriormente, reintegrarla a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
