México pasó hoy bajo la lupa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que la gran mayoría de los 102 países que participaron en el Examen Periódico Universal , instaron a México a fortalecer el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, le urgieron a investigar los casos de asesinatos de los comunicadores y llevar ante la justicia a los responsables de tales crímenes.
De igual forma, la gran mayoría de países que participaron en el EPU recomendaron a México establecer una fiscalía general autónoma e independiente del ejecutivo para poder hacer frente a los altos niveles de corrupción e impunidad en los que se encuentra inmerso el país.
Estados Unidos reprochó la impunidad existente sobre más de 37 mil desapariciones, sobre masacres como la de Tlatlaya y el caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En este sentido se mostró a favor de una “fiscalía independiente” para hacer frente al flagelo de la tortura, y la falta de justicia para más de 37 mil desparecidos. Además, el gobierno de Washington urgió al estado mexicano encontrar a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos.
Países como Dinamarca y Reino Unido se sumaron a la recomendación del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos sobre la creación de un mecanismo asesor de composición internacional para luchar contra la impunidad.
Otros países como Bélgica, Canadá, Chile y Argentina reconocieron el avance con respecto a las leyes contra la Tortura y la Desaparición Forzada, pero pidieron al país su implementación cabal y plena, además de recursos para que dichas leyes sean efectivas.
México reconoce violaciones
El subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, jefe de la delegación, admitió que “México enfrenta retos considerables en materia de Derechos Humanos. No venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”.
“La tortura y otros tratos inhumanos o degradantes; la desaparición forzada, las amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones a los derechos de las personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad y una tasa de impunidad lastimosamente alta nos exigen a todos los servidores públicos fortalecer nuestros esfuerzos”, reconoció Ruíz Cabañas.
Explicó que una de las trabas para poder avanzar es el hecho de que México sea una república federal con 129 millones de personas y haya 32 estados, cada uno con su propia constitución y poderes, lo que complica la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Para Ruíz Cabañas México mantiene el reto de la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y combate a la impunidad que asegure el acceso efectivo a la justicia a nivel federal y local.
Además “es necesaria la operación eficaz de todas las disposiciones y mecanismos creados a partir de la ley de desapariciones de personas y la ley contra la tortura”.
Ruíz Cabañas también incluyó entre los desafíos “la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado y la reparación integral de las víctimas y el fortalecimiento de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.
Sobre el tema, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, explicó que desde 2012 el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas había protegido a mil 30 personas.
“Pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar que se continúan cometiendo homicidios contra estas personas, tres de los cuales, eran beneficiarios de este mecanismo. El esfuerzo, aunque destacado, debe profundizarse”, resaltó Avante.
Países de AL plan sobre empresas y DH
Por otra parte, varios países de América Latina como Perú y Chile pidieron a México plan nacional sobre empresas y derechos humanos, sin olvidar las consultas a los pueblos originarios afectados por las grandes corporaciones.
De igual forma una veintena de países urgió a respetar los derechos de los migrantes y poner en primer lugar los intereses de los niños que viajan solos por el territorio.
En respuesta a ello Rafael Avante aseguró que en México “ningún migrante es ilegal”.
“Ante la situación inédita que hoy vive el país relacionada con la denominada caravana migrante, el gobierno de México reitera su tradicional hospitalidad y solidaridad”, dijo.
De igual forma, casi la totalidad de los países urgieron a México a implementar medidas que garanticen la igualdad de género, acceso a la justicia de las mujeres, y romper con la impunidad en los casos de feminicidios.
Con Peña, falta de voluntad
Finalmente, en un tono más honesto, al tomar la palabra, la senadora del PAN Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reprochó la falta de voluntad de la administración de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción.
“En este gobierno que concluye no hubo voluntad política para dejar un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo y funcional”, deploró.
“La ciudadanía denuncia como problema número uno la corrupción y la impunidad, a pesar de ello se insiste en tener sin titular a la PGR, la dependencia que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal”, remarcó.
“A pesar de contar con una Fiscalía Especializada, México es el país -sin guerra- más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. La lista sigue y sigue, pero es necesario que como Nación nos hagamos cargo, cada uno en su esfera de decisión, entendiendo que el centro del Estado Mexicano debe ser la persona humana”, dijo ante el pleno logrando llamar la atención de los diplomáticos presentes.
“En el Congreso Mexicano trabajamos en la creación y reforma de leyes relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos, con el compromiso de legislar conforme a los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
“Y muestra de ello es la deliberación que actualmente tenemos, que al parecer alcanzará los acuerdos necesarios para lograr paridad de mujeres y hombres en la toma de decisiones en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos, dándole así a los espacios de decisión un rostro complementario de mujer”, continuó.
“Sin duda, hay mucho por hacer en México y este esfuerzo internacional de evaluación contribuirá a un México justo, digno, igualitario y libre, con el respeto a la persona humana como eje de acción”, concluyó la senadora.
