El lugar de México en el Índice mundial de Percepción de la Corrupción se fue en picada desde 2012 y hasta 2018: el sexenio en que el priista Enrique Peña Nieto gobernó el país.
En diciembre de 2012, cuando inició su mandato, México ocupaba el sitio 105 en el conteo internacional; en 2014 y 2015 tuvo un repunte considerable de hasta 10 puntos pero a partir de 2016 fue en caída libre hasta llegar al lugar 138 de 180 a nivel global, al final de su administración.
-En 2012, México estaba en el lugar 105
-En 2013, el país ocupaba el lugar 106
-En 2014, el ranking lo ubicaba en el sitio 103
-En 2015, México estaba en el lugar 95
-En 2016, Registró una caída más pronunciada y se fue al lugar 123
-En 2017, el país estaba en el lugar 135
-En 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, ocupó el lugar 138
En los seis años de la administración federal de Peña, el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones.
El acelerado descenso de nuestro país en el Índice se debe en buena medida a la inacción del gobierno de Peña en controlar la corrupción de los gobernadores desde el inicio de la administración, explicó Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.
“Fue tolerante en el marco del Pacto por México, privilegió la estabilidad política y terminó pagando los costos de su decisión”, dijo el experto a Animal Político.
Esta nueva caída ubica al país en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de combate a la corrupción.
El Índice 2018, publicado la noche de este lunes por la organización internacional Transparency International, coloca a México en el grupo de naciones con graves problemas de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano, con 28 puntos en la escala de 0 a 100 del Índice. De esta forma, el país queda apenas por encima de otros latinoamericanos como Guatemala y Nicaragua, que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática, señala el reporte.
Este ranking, que mide la percepción de expertos internacionales en corrupción y analistas de riesgo financiero, consideró que las medidas que México tomó durante 2018 para combatir este flagelo fueron ineficaces porque se basan sólo en la prevención, sin estar acompañadas de sanciones, recuperación de activos robados o reparación de daños a las víctimas.
Además, el enfoque del combate a la corrupción en México ha fracasado porque sus instituciones no investigan redes sino sólo a las cabezas visibles de la red, mientras el resto de sus miembros siguen operándola, advirtió Bohórquez.
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Otro de los factores que enturbian el combate a la corrupción en este país, de acuerdo con el director de Transparencia Mexicana, es el tratamiento diferenciado de casos con el mismo nivel jerárquico: una serie de exgobernadores han sido acusados de diversos delitos ligados a corrupción pero no todos han recibido el mismo trato del gobierno federal, lo que a decir del activista, ilustra quiénes tienen mayor protección política.
“El gobierno se mostraba mucho más cómodo hablando de Duarte que de Medina o Borge, son redes de protección política distintas”, dijo en referencia a los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz (actualmente preso) y Rodrigo Medina, de Nuevo León (acusado de otorgar incentivos irregulares a la armadora KIA Motors y posteriormente absuelto). “La red siempre tiene al lado otra red de protección política, que pueden no ser cómplices pero sí beneficiarios de los actos de corrupción”, abundó el director de Transparencia Mexicana.
La organización reveló que la ratificación en 1999 de la Convención de la OCDE para prevenir el Cohecho ha sido infructuosa, ya que desde ese año a la fecha se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha derivado en sanciones penales por ese delito.
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Parte de las causas de esta ineficacia es que el marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad, según el reporte. Señala que el Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado a tres años de su creación: siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías Especial Anticorrupción, de Delitos Electorales y de Derechos humanos; así como los jueces anticorrupción en materia administrativa.
“México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales”, advierte el texto del Índice.
Estafas que quedan impunes
El director de Transparencia Mexicana explicó que la política pública en materia de corrupción tiene seis etapas: preventiva, de detección, investigación, sanción, recuperación de activos y reparación del daño a las víctimas. En ese proceso, México tiene un nivel muy bajo en sanción, la recuperación de activos es prácticamente nula y la reparación del daño ha sido inexistente.
Bohórquez atribuye esto a que los gobiernos en los últimos 35 años se concentraron en medidas de prevención, como la Transparencia. “Pero si no la conectas con la detección, la investigación y la sanción, te quedas con la Estafa Maestra, que es muy útil para detectar pero si no la conectas con sanción, te genera impunidad”, puntualizó.
Recordó que la reforma constitucional de 2015 para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción permite que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Fiscalía General inicien investigaciones de oficio a partir de una investigación periodística, sin necesidad de presentar una denuncia.
“Si hay una serie de carpetas de investigación abiertas, habrá que ver si ya se judicializaron a raíz de la Estafa, hay que estar muy pendientes del estatus jurídico de esas investigaciones y de que los procesos vinculados con este caso u otros se estén informando regularmente a la opinión pública. Lo que importa es que un juez ratifique y se deslinden responsabilidades”, indicó.
Combate al huachicol requiere responsables
Respecto del plan llevado a cabo por la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible -conocido como huachicoleo- Eduardo Bohórquez dijo que resulta positivo que se reconozca como toda una red de corrupción operando alrededor de este delito, pero advirtió que para que la estrategia sea efectiva se deben deslindar responsabilidades. “Es la primera vez que se reconoce la simultaneidad de las redes de corrupción”, admitió.
No obstante, para asegurar que haya justicia en este caso, debe haber garantías de que no habrá un tratamiento diferenciado a partir de la protección política. “La única forma en que sintamos que hay justicia es que todos los casos tengan el mismo tratamiento de la Fiscalía, que tiene que mostrar que no importa el color del partido”, señaló.
Apuntó que se debe transparentar las siete mil carpetas de investigación que el presidente ha mencionado, para saber dónde se levantaron, cuáles están judicializadas y cuáles no; cómo están distribuidas y qué tipo de delito tratan. No obstante, calificó como positivo que el eje de las investigaciones sea la Fiscalía General (FGR) pero incluyendo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“En un delito económico, los que tienen la capacidad técnica de investigar son la FGR, el SAT y la UIF, esos son los que realmente pueden desmantelar una red, apoyados en la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Ese es un cambio muy importante de paradigma”, puntualizó.
Sin embargo, el Índice de Percepción de la Corrupción advierte que México sólo podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos.
