La organización internacional Artículo 19 denunció este martes el “uso faccioso” de procesos legales como herramientas de censura en México para periodistas y medios de comunicación, lo que calificó como una tendencia alarmante que amenaza la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con su más reciente informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas –28 hombres y 11 mujeres– y 12 medios de comunicación.
La cifra representa un nuevo proceso cada cuatro días, superando lo documentado en cualquier año anterior.
UN PATRÓN DE DESGASTE Y SU USO FACCIOSO
Artículo 19 explicó que el acoso judicial, conocido internacionalmente como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los periodistas a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas.
Este patrón, señaló, implica un “uso faccioso” de las leyes para inhibir la crítica, eliminar publicaciones incómodas y mandar un mensaje colectivo de censura.
DESVIRTÚAN VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO
La organización subrayó el abuso de la figura de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG)”, originalmente creada para combatir la discriminación entre hombres y mujeres, pero ahora utilizada de manera desproporcionada contra periodistas.
De los 51 casos documentados, 25 corresponden a acusaciones bajo este concepto, llegando incluso a la eliminación de contenidos y la imposición de disculpas públicas.
El acoso judicial se ha expandido a 17 estados del país. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido por Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
Entre los casos destacados, Artículo 19 señaló la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, promovida por el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava.
Así como los procesos múltiples contra el periodista Jorge Luis González en Campeche, donde un juez local incluso designó a un “interventor” para revisar sus publicaciones antes de ser difundidas.
Otro caso es el del columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House, demandados por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, y un grupo de abogados tras la publicación del libro ‘Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T’.
“Este es un riesgo para el ejercicio periodístico: sentar un mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como ardid para evadir críticas, cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos”, alertó la periodista independiente Rubí Soriano, citada en el reporte.
La organización pidió al Estado mexicano reformar la legislación y abstenerse de usar recursos judiciales para silenciar a la prensa.
También llamó al Congreso a establecer límites claros al uso de la VPEG y derogar delitos como difamación y calumnias, considerados contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión.
De acuerdo con el informe, “39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, así como 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra”.
Artículo 19 subrayó que esto equivale a “un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio”, lo que refleja un patrón sistemático de presión legal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
