Los medios de comunicación y los periodistas en México siguen enfrentándose a un clima de violencia, a pesar de que la libertad de expresión es vital para el funcionamiento de la democracia.
Es considerada un derecho instrumental para el disfrute de los demás derechos y la participación en un gobierno democrático requiere que los ciudadanos tengan conocimiento de los asuntos públicos así como completa libertad en su expresión de opiniones e informaciones sobre estos, y en la indagación y búsqueda de información.
Sin embargo, de acuerdo con el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 143 de 180 países en el ranking mundial y es uno de los países más peligrosos para los comunicadores, siendo víctimas de amenazas, represión e incluso ejecución, lo que ha obligado a que muchos periodistas desaparezcan o se vean obligadas a exiliarse para garantizar su supervivencia.
Del año 2000 a la fecha organizaciones de la sociedad civil han documentado 142 asesinatos de periodistas en México posiblemente relacionados con su labor. Del total, 131 son hombres y 11 son mujeres, y tan solo durante el primer semestre de este año han documentado 362 agresiones a periodistas, entre las que destacan actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, 35 ataques físicos y tres asesinatos.
Ejemplos recientes de este clima de violencia hacia el gremio es el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el pasado 19 de agosto; el asalto y secuestró exprés de la periodista Teresa Montaño en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, el 13 de agosto y el caso de la periodista Azucena Uresti y Milenio, que el 9 de ese mismo mes recibieron amenazas.
Esencial, proteger a periodistas
Todas ellas, producto del trabajo periodístico que han realizado del seguimiento de la violencia causada por los grupos de delincuencia organizada en el estado de Michoacán.
De ahí que resulte fundamental reforzar la protección de los periodistas, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual obliga a la Federación y a las entidades federativas a implementar y operar las medidas de prevención, protección (…) de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”, indicó.
En Puebla, intolerancia y mordaza
Ante el clima de incertidumbre que se vive en Puebla, diversas organizaciones de periodistas, diarios, defensores de derechos humanos, han alertado que las campañas de intimidación representan un riesgo para el ejercicio periodístico en esa entidad, donde hoy se viven tiempos de intolerancia y mordaza. Resulta incongruente que Miguel Barbosa replique las viejas prácticas que criticó en el pasado reciente.
El ejercicio de gobernar democráticamente demanda pluralidad, contrapesos y la apertura a una diversidad de opiniones, por eso se ha emplazado a respetar la libertad de ejercer un periodismo libre, crítico, incluyente y plural que investigue y cuestione los excesos cometidos desde el poder.
El hostigamiento
El pasado 10 de noviembre el gobierno de Miguel Barbosa dio un paso más en sus acciones de hostigamiento contra e-consulta y el periódico El Popular, contra el que arremete por la vía de una campaña de desprestigio contra su directora Carolina Fernández Galindo.
La organización Article 19 consideró que México es un país donde se agrede a la prensa cada 13 horas, no está garantizado ni el derecho a disentir ni el derecho a la información, en especial, considerando que han asesinado a 7 periodistas por su labor en lo que va del 2021: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Saúl Rentería Tijerina, Ricardo López Domínguez, Jacinto Romero Flores, Fredy López Arévalo y Alfredo Cardozo Echeverría.
Lo anterior se suma a la cifra de 145 asesinatos de periodistas desde 2000. La fecha; 11 mujeres y 134 hombres; 25 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
Advirtió el que no haya investigaciones efectivas y persistan narrativas estigmatizantes contra aquellas personas que informan y defienden derechos humanos, impulsa las amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado.
