El reciente fallo judicial que beneficia a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ha desatado una serie de reacciones en el Gobierno mexicano. Especialmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Un juez federal concedió un amparo a la pareja, ordenando la descongelación de sus cuentas bancarias y su salida de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Lo que permite a los involucrados acceder al sistema financiero sin restricciones, a pesar de que ambos son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR). Por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CONDENAN FALLO
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la UIF, Pablo Gómez, han condenado el fallo y anunciado que se están preparando modificaciones legales para prevenir que situaciones como esta se repitan en el futuro. La principal medida en estudio es un cambio en la Ley de Amparo y otras normativas procesales para garantizar que los jueces no liberan cuentas sin un juicio de fondo que determine si los recursos tienen un origen ilícito.
“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué ha pasado? Que estas personas se amparan y, en la suspensión, les liberan las cuentas los jueces, sin ni siquiera un juicio de fondo”, afirmó Sheinbaum, al señalar que esta situación pone de manifiesto una grave problemática de corrupción dentro del poder judicial.
CASO GÓMEZ MONT
El caso de Gómez Mont y Álvarez Puga, que ha captado la atención pública, es especialmente complejo. La pareja está acusada de desviar casi 3 mil millones de pesos a través de operaciones de lavado de dinero. En connivencia con empresas que supuestamente simularon transacciones y ocultaron recursos ilícitos.
La FGR ha identificado una serie de contratos falsos y servicios ficticios con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Lo que incrementa la gravedad del caso. A pesar de estas acusaciones, el Tribunal Federal consideró que el bloqueo de sus cuentas no estuvo debidamente justificado. Esto llevó a la orden de liberación.
“Lo que no puede ocurrir es que se sigan liberando recursos para que se sigan utilizando sin un juicio que demuestre que los fondos tienen un origen lícito. Eso es corrupción, y lo que estamos buscando es evitarlo”, explicó el titular de la UIF, Pablo Gómez, quien además detalló que la Unidad ha bloqueado más de 32 mil millones de pesos y 568 millones de dólares desde 2018, pero una parte importante de esos fondos han sido desbloqueados debido a fallos judiciales.
LEGITIMIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES
El amparo concedido a los Gómez Mont no solo refleja una preocupación por la legitimidad de los procesos judiciales, sino también una crítica directa al uso del poder judicial para eludir la justicia en casos de corrupción. Según Sheinbaum, la liberación de estas cuentas sin una causa legal bien fundamentada muestra la necesidad urgente de reformas.
“Estamos preparando modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. En todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, no una primera suspensión para liberar los recursos”, agregó la mandataria.
En términos de estadísticas, la UIF ha inscrito a 7 mil 815 personas físicas y morales en la LPB desde diciembre de 2018, bloqueando montos significativos en cuentas bancarias. Sin embargo, muchos de estos bloqueos han sido anulados o deshechos por resoluciones judiciales que no han considerado suficiente la justificación de la UIF o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este tipo de decisiones refuerza la idea de que el sistema judicial, en ocasiones, no está alineado con los intereses del combate contra la corrupción.
VACÍO LEGAL
Este contexto pone de manifiesto un vacío en la legislación mexicana que permite que personas acusadas de delitos graves accedan nuevamente a recursos financieros sin haber demostrado su inocencia en un juicio formal. La postura del Gobierno mexicano es clara: la protección de los recursos públicos y la lucha contra el lavado de dinero requieren de un marco legal más robusto y que limite los márgenes de maniobra para aquellos que buscan eludir la justicia.
Por lo pronto, se espera que las reformas legales, que se discutirán próximamente, incluyan una revisión profunda de los procedimientos que permiten la liberación de recursos bloqueados sin un análisis exhaustivo de los mismos. La intención es que las cuentas vinculadas con actividades ilícitas sean tratadas con mayor rigurosidad y no puedan ser descongeladas sin una verdadera demostración de que no hay delitos de por medio.
Finalmente, este panorama refleja la creciente tensión entre las autoridades y el poder judicial en México. Donde la lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema de debate no solo en la esfera política, sino también dentro de las salas de los tribunales. El caso de Gómez Mont se suma a una serie de polémicas que buscan reformar las prácticas judiciales en relación con el combate a la criminalidad financiera, pero aún queda por ver si las reformas propuestas lograrán frenar la liberación de fondos vinculados con delitos de alto impacto.
