La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que tras la implementación de medidas para combatir el huachicoleo ya se inició un proceso para congelar las cuentas que estaban relacionadas con este delito.
Explicó que el Gobierno federal, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha detectado estas cuentas y ha tomado acciones legales, por lo que ya puso a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para indagar éstas y a las personas que pudieran estar relacionadas con la red de huachicoleo.
Además aseguró que también han sido aprehendidas personas que han “saboteado” los ductos de Pemex, mismas que han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
“Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), ‘no sólo son los de abajo, sino los de cuello blanco’ los que tenían una red de distribución y, en ese sentido, se está actuando. También la gente que ha estado haciendo estos actos de sabotaje ha sido detenida y puesta a disposición del Ministerio Público”, afirmó.
Explicó que debido a que el combustible robado se transporta, principalmente, por “pipas piratas” en carretera, se ha reforzado la seguridad en estas vías de comunicación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina-Armada de México y de la Policía Federal.
Sánchez Cordero detalló que con esta acción se busca frenar el transporte de hidrocarburo robado y aprehender a los responsables por esta acción.
“Básicamente el tema jurídico y de delincuencia organizada, porque no cabe duda que esto es parte de la delincuencia organizada, se está atacando en todos los niveles”, afirmó.
Al respecto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que se han iniciado una serie de investigaciones y se trabaja sobre la flagrancia; es decir, en los involucrados en este delito.
“Trabajamos en quienes utilizan los bienes de la nación para beneficiar a algunos cuantos, a ellos no estamos dedicando con mayor esmero porque esa es la manera en la que el Estado Mexicano defiende sus intereses y su patrimonio”, dijo.
Explicó que a pesar de que aún se discute la iniciativa para elevar las penas por este delito, esto no impide que la Procuraduría no pueda trabajar al respecto, ya que se trata de “delincuencia organizada”.
“Se trata de impedir que se lleven a cabo estos saqueos a los intereses de la nación”, afirmó.
