El juez de control Gerardo Moreno García vinculó a proceso a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
Consideró que los indicios presentados por los agentes del Ministerio Público de la Federación fueron “razonables, aptos y bastantes” para que el ex gobernador de Veracruz enfrente juicio.
Antes de que concluyera la segunda audiencia, que se alargó por más de 12 horas, incluidos dos recesos, el abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro, anunció que impugnarán la determinación del juzgador.
El juez Moreno García también determinó que el ex mandatario estatal permanezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pese a que la fiscalía solicitó, por segunda ocasión, que Duarte fuera internado en el centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos.
En este caso, el ex priista seguirá en prisión oficiosa por el delito de delincuencia organizada, y justificada por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida también como lavado de dinero.
El juez de control explicó que su decisión se debió a que los fiscales no aclararon si ese penal federal es de máxima seguridad, como lo determina la norma en casos de imputados por el delito de delincuencia organizada.
Puntualizó que por este mismo caso ya sentenció a dos personas por ese ilícito y fueron internadas en este reclusorio de la Ciudad de México. También recalcó que, a su consideración, existe riesgo de fuga por parte de Duarte, ya que su orden de aprehensión fue cumplimentada en Guatemala, donde huyó tras pedir licencia como mandatario estatal.
Asimismo, Moreno García concedió a la PGR el plazo máximo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tendrán que recabar pruebas para el juicio oral.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación revelaron que existen indicios de que Duarte abrió cuentas bancarias en Suiza y hay posibilidad de “identificar más recursos” desviados del erario de Veracruz.
Esta misma sospecha, abundaron, tienen de Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz, quien cuenta con una orden de aprehensión pendiente por cumplimentar.
El agente Pedro Guevara Pérez dio a conocer que ya solicitaron la asistencia jurídica internacional a ese país, con lo que justificó los seis meses que solicitaron para el cierre de la investigación, cuyo plazo es el 22 de enero de 2018.
Antes de esa fecha, la PGR debe concluir la investigación y presentar la acusación formal, luego de que haya precisado a cuánto asciende el monto desviado y si existen otros ilícitos, además de identificar a otros posibles involucrados.
El funcionario federal también detalló que utilizarán este plazo para ampliar declaraciones ministeriales a Juan José Janeiro Rodríguez y Alfonso Ortega López, abogados fiscalistas y cómplices confesos de Duarte en esta red criminal.
Al colaborar con la autoridad ministerial, ambos fueron beneficiados con el criterio de oportunidad, figura jurídica por la que se les canceló la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
A propósito de Ortega López, no acudió a la audiencia de ayer, a pesar de que fue requerido y notificado por la autoridad judicial para ser interrogado por la defensa.
De acuerdo con el juez, si no justifica su ausencia será arrestado e incluso puede perder su beneficio de criterio de oportunidad y ejecutarle la orden de aprehensión.
Guevara Pérez, también director general de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Federales de la PGR, aseveró que de igual forma buscarán ampliar la declaración del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante el mandato de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.
“No te vas, llegaste conmigo y te vas conmigo. Atente a las consecuencias de abandonarme”, dijo Duarte a Zurita cuando no quiso obedecer una orden y le presentó su renuncia, según reveló ayer Guevara Pérez.
El juez de control consideró clave la entrevista ministerial de Zurita para vincular a proceso al ex priista, pues la defensa cuestionó en varias ocasiones las declaraciones de Ortega López y Janeiro Rodríguez, la cuales incluso calificó de ilegales.
El juzgador determinó que el ex gobernador de Veracruz “daba las órdenes directas” para la constitución de empresas fachadas para diversas operaciones con recursos de las arcas del estado.
No obstante, enfatizó al ex priista que su decisión de este sábado no es “una sentencia, no he dicho que es penalmente responsable. En mi consideración cometió un hecho y existe la probabilidad de que usted lo cometió o participó”.
