El gobierno federal busca cerrar el paso a posibles candidatos ligados al crimen organizado rumbo a las elecciones de 2027 mediante una reforma electoral que contempla la creación de un mecanismo de verificación dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de crear una comisión encargada de revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada.
La propuesta surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la infiltración del crimen en procesos políticos y campañas electorales en distintas regiones del país.
EL INE TENDRÍA UNA COMISIÓN ESPECIAL
La iniciativa plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales designados por un periodo de tres años.
De acuerdo con el planteamiento, este órgano serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia para consultar información relacionada con aspirantes a candidaturas.
Entre las instituciones que participarían en las revisiones se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta explicó que el mecanismo operaría bajo el principio de presunción de inocencia y permitiría a los partidos conocer si alguno de sus perfiles representa un “riesgo razonable” antes de formalizar candidaturas.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum.
PARTIDOS PARTICIPARÍAN DE MANERA VOLUNTARIA
Uno de los puntos que más debate podría generar es que la participación de los partidos políticos en el mecanismo sería voluntaria. Lo que abre cuestionamientos sobre su efectividad real frente a estructuras políticas que eventualmente podrían negarse a someter perfiles a revisión.
Además, quienes aspiren a competir por una candidatura deberán autorizar por escrito ser investigados por esta comisión.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo es generar un sistema preventivo para detectar posibles antecedentes o información sensible antes de los registros oficiales.
“Esta comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia”, señaló.
EL RETO: EVITAR LA INFILTRACIÓN CRIMINAL
La propuesta aparece en un contexto marcado por señalamientos históricos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales en distintos estados del país. Particularmente durante procesos municipales y regionales.
Aunque el anuncio busca fortalecer la confianza en las elecciones, especialistas advierten que el principal desafío será garantizar que el mecanismo no quede limitado a un ejercicio simbólico o discrecional.
También existen dudas sobre los criterios que definirán un “riesgo razonable”. Así como el manejo de información sensible y la posibilidad de que el mecanismo sea utilizado con fines políticos.
Aun así, el planteamiento representa uno de los intentos más directos por incorporar filtros de seguridad e inteligencia en la selección de candidaturas partidistas en México.
