Como resultado de trabajos de investigación coordinados entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad, se logró desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible en el país, liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias “El Burras”, quien coordinaba las operaciones logísticas de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, principalmente Gas LP en el centro del país.
Las investigaciones ministeriales permitieron identificar un entramado criminal que operaba mediante la simulación de operaciones comerciales, el uso de documentación falsa y la constitución de empresas fachada para introducir, trasladar, almacenar y comercializar hidrocarburos de manera ilegal, evadiendo controles fiscales, aduaneros y regulatorios. Este esquema utilizaba un modelo logístico multimodal —marítimo, ferroviario y terrestre— que fragmentaba la trazabilidad del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final, apoyado en triangulaciones financieras y facturación apócrifa para dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita.
En este contexto, la FGR identificó la operación de la red denominada “Los Petrofactureros”, integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real. Estas empresas eran empleadas para diluir responsabilidades, facilitar el contrabando de hidrocarburos y sostener el flujo financiero ilícito. Como resultado de las acciones judiciales, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis personas, se aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, con lo que se estima una afectación económica de más de 126 millones de pesos.
Asimismo, se obtuvieron sentencias condenatorias relevantes por delitos en materia de hidrocarburos. En un caso, tres personas fueron sentenciadas a ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburo, con el aseguramiento de más de 100 mil litros y el decomiso de equipo con valor de 18 millones de pesos. En otro, seis personas recibieron la misma pena tras el aseguramiento de combustóleo, petrolíferos y equipo adaptado para la extracción ilegal.
Por otra parte, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, la SSPC, en coordinación con la FGR, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutó acciones operativas simultáneas que permitieron desarticular una célula delictiva dedicada al robo de Gas LP en el centro del país.
En estas acciones se cumplimentaron órdenes de cateo en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, donde fueron detenidas siete personas: Mauricio Gamboa Reyes, alias “El Burras”, a quien se le identifica como líder de la organización y responsable de coordinar las operaciones logísticas, así mantener vínculos con mandos regionales relacionados con un grupo delincuencial con operación en Jalisco; Mauricio Gamboa Malpica, alias “Pepón”, operador logístico y financiero encargado del envío de hidrocarburos robados; Jorge Barrera Montiel, propietario de Gas Franco, Gasera Buenavista y Sugas, empresas gaseras utilizadas para el lavado de dinero y la comercialización ilícita; Joaquín Arturo Gutiérrez Hernández, alias “Coquis”, operador logístico y financiero, además de enlace estratégico; Julio César Maya Merino, responsable de enviar pipas a los puntos de sustracción; Julio César Laguna Gamboa, alias “Pingüino”, encargado de organizar y ejecutar la extracción de hidrocarburo; y Lorenzo Javier Mejía Leyva, propietario de empresa gasera Gas Franco y responsable de la facturación del combustible ilícito.
Durante estos cateos se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico, además de la clausura de una toma clandestina vinculada a la operación.
El modo de operar de esta estructura consistía en la extracción ilegal de hidrocarburos a través de tomas clandestinas en ductos de Pemex, su traslado mediante pipas y tractocamiones hacia centros de acopio, donde era almacenado en autotanques y contenedores para su posterior distribución. Posteriormente, el combustible era comercializado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, mientras operadores financieros realizaban triangulación de recursos y simulación de facturación para ocultar su origen ilícito.
Es relevante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región, lo que evidencia la dimensión económica y operativa de la organización criminal. Además, es la primera vez que se detiene a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas, todas relacionadas con este grupo criminal.
En otra operación, en los estados de Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, se realizaron 11 operaciones que derivaron en la detención de Héctor Iván Pineda Torres, de 44 años, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención, trasvase, distribución y comercialización ilegal de gasolina y diésel; así como de Nizarindani Hernández Araguz, Gualberto Morales Ramos, Perla Oralia Vega Rodríguez, Karen Araceli Torres Juárez, Lizitza Anaid Pineda Torres y Oscar García Pérez, vinculados a actividades de lavado de dinero y dispersión de recursos provenientes de la comercialización ilícita de hidrocarburos.
Con estas acciones, el Gobierno de México afecta de manera directa la infraestructura logística, operativa y financiera de estas organizaciones, debilitando su capacidad para continuar con actividades ilícitas que impactan la economía nacional y la seguridad energética
