CNDH emite recomendación por muerte de 28 internos en el Cereso de Acapulco
La CNDH observó igualmente falta de control de las autoridades, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción.
La muerte de 28 internos y 22 personas lesionadas como consecuencia de una riña en el Centro Regional de Reinserción Social (Cefereso) de Acapulco, el pasado 6 de julio, derivó en la Recomendación 69/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigida al Gobernador del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores.
Esos hechos violentos evidenciaron las anomalías e irregulares condiciones que imperan en ese Centro, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide privilegiar y resguardar el orden y tranquilidad e imposibilita el pleno respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social efectiva de los internos.
La CNDH observó igualmente falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público.
Es manifiesto, apunta la CNDH, el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de quienes están privadas de la libertad. Por su condición de reclusión, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume su calidad de garante y en este caso no se tomaron las medidas que permitieran resguardar la vida e integridad de la población interna.
Por lo anterior, la CNDH solicita al Gobernador de Guerrero tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan –funcional, material y presupuestalmente— consolidar en esa entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, así como instruir que, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, se brinde, en su caso, atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados.
