El golpe a la FEPADE, otra vía hacia la impunidad
La procuración de justicia electoral en el país quedó en el limbo.
CIUDAD DE MÉXICO.
En vísperas del inicio formal del proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) entró en una crisis institucional sin precedente.
Beltrán justificó el cese de Nieto Castillo porque “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia y citó los artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento de la dependencia y las facultades previstas en el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que dio origen al diseño de una nueva Fiscalía General de la República.
Integrantes del equipo de Nieto también argumentan que el Código de Conducta citado por la PGR no está publicado en el Diario Oficial de la Federación y no es una norma que pueda imponer sanciones.
Además, agregan, se les olvidó un “pequeño detalle”: si Nieto Castillo cometió alguna irregularidad al revelar documentación de una investigación en curso, se le debió haber iniciado un procedimiento a través de la Visitaduría General de la PGR, con garantía de audiencia, lo que nunca sucedió.