Rosario Robles, en investigación por ejercicio indebido del servicio público
La carpeta de investigación que se le sigue a Rosario Robles se inició desde 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, por el esquema de desvío de recursos La Estafa Maestra, revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
En la denuncia aparece como “víctima indirecta” la Auditoría Superior de la Federación, representada por Heladio Elías Ramírez Pineda, director general Jurídico de dicho organismo.
La Fiscalía pidió que se considera a la ASF víctima indirecta en el caso ya que de sus indagatorias iniciales surgieron los hallazgos que luego fueron investigados. Si el juez le reconoce a la ASF la calidad de víctima, ello le permitirá a esa institución participar activamente en la audiencia y presentar, junto con los fiscales, datos y evidencia.
El 8 de agosto se realizará la audiencia inicial ante el juez de control en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva por lo que si el juez decide vincularla a proceso podría seguirlo en libertad.
La carpeta de investigación que se le sigue a Rosario Robles se inició desde 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Robles encabezó la Sedesol, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para hacer servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014 y que no se cumplieron. Luego, cuando la funcionaria pasó a la Sedatu, el esquema volvió a repetirse con otras universidades, según documentó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública de 2016.
Tras investigar los presuntos desvíos, la Auditoría Superior interpuso 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia, en contra de la Sedesol, la Sedatu y 14 universidades públicas desde 2014 y hasta 2019.
A dos años de haber publicado la investigación periodística, es la primera vez que un secretario de Estado será citado ante un juez para dar cuenta de lo ocurrido. Mientras que funcionarios menores de la trama han librado los procesos en los últimos meses.
