Con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para reglamentar la organización y funcionamiento del nuevo órgano autónomo a cargo del Ministerio Público que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República.
Diputados de las diversas fracciones reservaron 42 artículos para su discusión en lo particular.
Por mayoría, el bloque Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, con el respaldo del PRI y del PVEM, avaló la creación de la nueva fiscalía, entre cuyas funciones destacan las de investigar los delitos; otorgar una procuración de justicia eficaz y efectiva, que contribuya a combatir la inseguridad; evitar que los culpables queden impunes y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y no repetición de las víctimas.
Al fundamentar su voto contra el dictamen de la Comisión de Justicia, los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC advirtieron que la ley no garantiza una fiscalía autónoma e independiente, sino que perfila la designación de un “fiscal carnal” o un “fiscal decorativo”.
Los opositores insistieron en reformar primero el artículo 102 constitucional para evitar el nombramiento de un fiscal a modo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el dictamen, la designación del fiscal general se haría en los términos previstos por el artículo 102 de la Constitución Política, es decir, el Senado propondría diez nombres al Presidente de la República, quien a su vez seleccionaría de esa lista a una terna para que los senadores elijan al titular de la nueva institución.
El fiscal general tendrá a su vez la responsabilidad de nombrar a los titulares especiales de las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos.
Conforme a la letra constitucional, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República prevé que el titular de la institución sólo podrá ser removido por el Presidente por la comisión de faltas o delitos graves que el Ejecutivo deberá acreditar ante el Senado y éste tendrá la posibilidad de objetar el cese.
El nuevo ordenamiento establece como responsabilidad del fiscal general la de aprobar el Plan de Persecución Penal, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República.
