Ante las pretensiones de reglamentar el derecho a la información y la libertad de expresión, EL IMPARCIAL reafirmó su determinación de insistir que no deben entenderse como concesiones del poder, sino como garantías que permitan su vigilancia. Combatir la reglamentación abusiva de estos derechos es una tarea esencial para asegurar que la democracia no sea solo un ideal, sino una realidad vivida por todas y todos.
En una democracia sólida, el derecho a la información y la libertad de expresión son pilares fundamentales para garantizar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de otros derechos humanos.
Debido a los anhelos de limitar tales garantías, tal y como ha sucedido en todos los gobiernos federales, Benjamín Fernández Pichardo, advirtió que en muchos contextos, estos derechos enfrentan amenazas no solo por la censura directa o la represión, sino también por medio de una reglamentación excesiva, ambigua o discrecional que, en lugar de proteger, restringe su ejercicio.
Combatir la reglamentación indebida de estos derechos no implica eliminar toda forma de normatividad, sino asegurar que cualquier regulación esté estrictamente justificada por necesidades democráticas, sea proporcional, clara y respete los estándares internacionales de derechos humanos, expresó.
El Director y Gerente General Emérito de esta Casa Editorial, subrayó que la línea entre regulación legítima y censura encubierta es delgada, y muchas veces se cruza bajo el pretexto de proteger otros intereses, como la seguridad nacional, el orden público o la moral.
Un ejemplo claro de esto es la tendencia creciente a aprobar leyes que permiten a autoridades administrativas bloquear contenidos digitales o imponer sanciones a periodistas, medios o ciudadanos que difunden información considerada “falsa” o “dañina”, sin criterios objetivos o sin el debido proceso judicial.
Este tipo de disposiciones generan un efecto inhibidor, donde el miedo a represalias limita la libertad de expresión incluso antes de que se produzca, agregó.
Por ello, insistió que la lucha contra la reglamentación restrictiva también debe enfocarse en los intentos por controlar o debilitar los mecanismos de acceso a la información pública. Desaparecer la labor de los órganos garantes, recortar sus presupuestos, o manipular los plazos y requisitos para solicitar información son formas sutiles pero efectivas de restringir el derecho ciudadano a saber qué hacen sus gobiernos.
Esto afecta la transparencia, fomenta la corrupción y rompe el vínculo de confianza entre sociedad y Estado, puntualizó el expresidente de la Asociación Mexicana de Editores (AME).
Además, la protección del derecho a la información y la libertad de expresión es especialmente crítica en contextos donde las voces disidentes, periodistas, activistas o defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, violencia o criminalización. En estos casos, la reglamentación excesiva se convierte en una herramienta para silenciar críticas y consolidar el poder.
Ante los embates que actualmente se enfrentan, dijo que combatir estas formas de regulación requiere una respuesta decidida y multidimensional. “Se necesita una ciudadanía informada, activa y vigilante, dispuesta a defender estos derechos como bienes comunes de la democracia”.
Y es indispensable que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las plataformas digitales ejerzan con responsabilidad su libertad, pero también exijan su protección.
Una lucha constante
Fernández Pichardo recordó el papel que ha jugado EL IMPARCIAL ante estas pretensiones, desde el gobierno de Luis Echeverría con su titular de Comunicación Social, Mauro Jiménez Lazcano, pasando por Carlos Salinas de Gortari con Otto Granados Roldán, como también con Vicente Fox con Rubén Aguilar; Felipe Calderón con Max Cortázar y Andrés Manuel López Obrador con Jesús Ramírez, y actualmente, la lucha ha sido constante y permanente.
Continúan los reclamos cotidianos de periodistas mexicanos, agraviados, perseguidos, amenazados, y a quienes no se les permite ejercer su profesión-oficio, resulta que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercerlo.
Resaltó lo informado por la acreditada organización “Reporteros Sin Fronteras” en su informe 2025: “Los periodistas que cubren temas políticos delicados, especialmente a nivel local, son amenazados y, a menudo, asesinados a sangre fría. Otros son secuestrados y nunca más vistos, o huyen a otras partes del país o al extranjero como única forma de asegurar su supervivencia’. Y que ‘Más de 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000’.
Las cifras dadas a conocer por la organización son dramáticas y en extremo lamentables y de hecho cada día existen más riesgos en México para periodistas-reporteros-cronistas-fotógrafos-analistas-editores-los medios mismos que tienen que ejercer su tarea periodística en un clima violento y amenazante.
Esto ocurre sobre todo en los estados del país en los que la violencia criminal se asienta, y en donde la falta de protección al trabajo periodístico es un síntoma y no una excepción,
Fernández Pichardo sentenció: “sin libertad de expresión no existe democracia y la dictadura prevalecerá”.
