ONU-DH pide continuar investigación por enfrentamientos en Tamaulipas
Jan Jarab, representante de la ONU, lamentó que la Semar no ofreciera una disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad ante la muerte de una familia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) a continuar la investigación sobre los enfrentamientos registrados el 24 y 25 de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde perdieron la vida tres integrantes de una familia.
El representante del organismo, Jan Jarab, externó su preocupación por el hecho de que la muerte de una madre y sus dos hijos fuera calificado como un “hecho circunstancial” y lamentó que en su comunicado la Secretaría de Marina no ofreciera una disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores en las que negó que elementos de la Armada de México hubieran disparado contra la familia.
Asimismo, recordó que los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” establecen que cuando al emplear un arma de fuego se ocasionen lesiones o la muerte de una persona, se “comunicará el hecho inmediatamente a sus superiores”.
En este sentido, mencionó que las medidas disciplinarias que fueran pertinentes y la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido. Mencionó que los informes públicos en los días siguientes a los hechos en los que no se menciona a las personas muertas y heridas por los disparos realizados desde un helicóptero de Semar podrían constituir un incumplimiento del deber de “enviar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial”.
La ONU dijo que es de llamar la atención de que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos, incluso en Nuevo Laredo. Sin embargo, dichos casos no han derivado en los necesarios cambios de comportamiento institucional.
Al respecto, Jan Jarab puntualizó que “la gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”.
Finalmente, subrayó que la familia tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que no se reduce a una atención médica y una indemnización económica.
