La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso relacionado con más de 300 hectáreas de tierras comunales ubicadas en la zona de Tilzapote, pertenecientes a la comunidad agraria de San Francisco Cozoaltepec, luego de más de 15 años de litigios.
Para el núcleo agrario, la intervención del máximo tribunal representa una nueva oportunidad para recuperar certeza jurídica sobre esas tierras y evitar lo que considera un posible perjuicio superior a los seis mil millones de pesos para el Estado mexicano.
De acuerdo con la autoridad comunal, el conflicto se originó desde 2011, cuando particulares promovieron acciones legales sobre una superficie ubicada a orilla de playa. La comunidad sostiene que durante el proceso se utilizaron documentos presuntamente falsos y que existieron actuaciones irregulares de abogados y funcionarios vinculados con instancias agrarias y judiciales.
En mayo de 2016, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera obtuvieron una sentencia agraria favorable dentro del expediente 414/2014, mediante la cual aproximadamente 300 hectáreas fueron excluidas del régimen comunal.
Posteriormente, según la versión de la comunidad, otros procedimientos judiciales derivaron en una resolución relacionada con un cumplimiento sustituto por más de seis mil millones de pesos, monto que tendría que ser cubierto con recursos públicos en caso de confirmarse definitivamente.
Ante esta situación, la comunidad promovió el recurso de queja identificado con el expediente 511/2025, además de solicitar que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción por considerar que el asunto reviste especial importancia jurídica, tanto por la superficie territorial en disputa como por el eventual impacto al erario.
La solicitud fue atendida por la ministra Lenia Batres Guadarrama bajo el expediente 506/2025 y posteriormente el asunto fue turnado para su estudio y resolución a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, de acuerdo con la información proporcionada por la representación agraria.
La comunidad sostiene que durante años solicitó que el caso fuera analizado por el máximo tribunal, pero que esas peticiones fueron desechadas por instancias colegiadas.
Ahora, los comuneros depositan su confianza en que la Suprema Corte revise a fondo las actuaciones realizadas durante el largo proceso judicial y determine si existieron violaciones al derecho de defensa, irregularidades procesales o afectaciones a los derechos colectivos del núcleo agrario.
Para San Francisco Cozoaltepec, el conflicto no solo representa la posible pérdida definitiva de más de 300 hectáreas, sino también un asunto de interés público, debido a que una eventual indemnización superior a seis mil millones de pesos tendría repercusiones directas en las finanzas del Estado mexicano.
La autoridad agraria reiteró que su objetivo es preservar el patrimonio comunal de Tilzapote y lograr que, después de más de una década de litigios, exista una resolución definitiva que otorgue certeza jurídica a las familias que mantienen la posesión de sus tierras.
