Organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos sociales y defensores del agua, entre ellas “Mujeres en Desarrollo” (MUDEM), A.C. de la región Mixteca, así como de México y América Latina, entregaron al Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, el manifiesto por la justicia del agua, previo a que inicie la Conferencia del Agua de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
El documento también fue recibido por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay y la embajadora humanitaria Nathalie Olijslager.
En este contexto, Arrojo Agudo habló sobre la importancia de abrir espacio en las Naciones Unidas para los sujetos de derechos y las personas defensoras de todo el mundo. Además, reconocer la importancia de la articulación de movimientos a nivel mundial en un manifiesto común. “Dividir es fácil, pero unir es difícil y ustedes lo están logrando”, expresó.
Natalie Seguin Tovar, coordinadora de la Red de Acción por el Agua y secretaria Ejecutiva de las Redes del Agua en América Latina, agradeció el esfuerzo de colaboración realizado para lograr un manifiesto que incluye el sentir y las demandas de las organizaciones y redes de la sociedad civil, así como los movimientos de defensa y justicia hídrica.
Al respecto, Patricia Silva López, originaria de la Mixteca oaxaqueña, una región con muy alta precariedad hídrica, señaló que llega a Nueva York, desde una comunidad indígena donde por falta de acceso y disponibilidad de agua se violan los derechos humanos.
Silva López, fundadora y colaboradora de la organización sin fines de lucro Mujeres en Desarrollo MUDEM, A.C., tiene años coordinando acciones de empoderamiento a mujeres en comunidades en torno al derecho humano al agua y saneamiento. Señaló: “estamos viviendo en comunidades con menos de cinco litros de agua por persona”.
Cabe mencionar que en el manifiesto por la justicia del agua, se expresa que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales.
También se afirma, que el agua es un bien común y no una mercancía, que tiene que ser accesible para todos sin discriminación, bajo control público. Los usos personales y domésticos de agua, incluida la higiene, deben tener la máxima prioridad frente a los usos productivos, como los asociados a la agricultura e industria.
