Debido al aumento de la violencia política contra las mujeres, órganos electorales de los diferentes niveles promueven el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, principalmente estados considerados de alto riesgo como Oaxaca.
La elaboración del Protocolo estuvo a cargo de Marcela Talamás Salazar, especialista en derechos humanos y género, con la colaboración de Sofía Lascurain Sánchez de Tagle, el cual surgió de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales y responde al contexto de violencia ocurrido durante el periodo electoral de 2015.
Con un diagnóstico sobre la situación que prevalece en todo el país, así como la explicación de las diferentes normas que protegen los derechos de las mujeres, el documento intenta construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales.
Con ello también se busca identificar la violencia política contra las mujeres; Informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas, querellas y demandas; Evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas; Servir de guía para atender la violencia política en el nivel federal, estatal y municipal; Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que los derechos político-electorales se vean afectados por la violencia.
Explica que las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, persisten cuestiones como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de estereotipos.
Señala que la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casillas.
Oaxaca foco rojo
Sobre las estadísticas que se muestran basadas en el proceso electoral de 2014-2015 en México, en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradores y colaboradoras, así como familiares de candidatas.
Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.
A pesar de estos datos alarmantes, detalla que en estas entidades no existe tipificación de la violencia política de género, sin embargo, las conductas que tuvieron lugar en dichos estados podrían actualizar dos de los tipos penales previstos en el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).
Como ejemplo de los casos ocurridos en los últimos años, se expone el caso de la elección de concejales municipales en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, celebrada de acuerdo al sistema normativo interno de dicha comunidad indígena.
En la elección para el período 2014-2016 no se permitió la postulación de mujeres en las ternas correspondientes a la presidencia municipal y la sindicatura, por lo que la Sala Superior anuló la elección al afectarse el principio constitucional de participación de las mujeres.
Es por ello, que en estados como Oaxaca se hace necesario implementar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, como lo hacen actualmente los órganos electorales.
