Derivado de los últimos procesos electorales que se desarrollaron en el país, el sociólogo Emilio Álvarez Icaza advirtió que hay nuevas y graves amenazas a la democracia electoral.
“El contexto que vivimos es un foco de alerta donde vemos a una autoridad electoral en muchos casos sumisa y un gobierno federal en el ánimo de no respetar las reglas y cometer tropelías; nos parece un grave precedente con miras al 2018”, dijo.
Comentó que en el caso de Coahuila donde colapsó el sistema del PREP, se remonta a las experiencias vividas hace más de 30 años, “pero ahora fueron las viejas prácticas con nuevos tipos de fraudes digitales”.
Álvarez Icaza, quien promueve su nueva propuesta ciudadana denominada “Iniciativa Ahora”, dijo que en el caso del Estado de México, se descubrió que el gobierno de aquella entidad utilizó tarjetas de débito a favor de los operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Entregamos al Instituto Nacional Electoral (INE) varias tarjetas de débito con un depósito de más de 2 mil pesos cada una, también acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; esas cuentas pertenecen al gobierno del Estado de México, pero hasta ahora no se ha actuado”.
Por ello, consideró que no hay autonomía e independencia de los órganos electorales; “el Consejo General del INE no está entendiendo cuáles son los desafíos para la democracia electoral en el México contemporáneo, la reforma electoral que se hizo en 2014 tenía como objetivo evitar condiciones de inequidad en las campañas”.
“Con que se instalen casillas o porque hay tinta indeleble no está garantizada la equidad, hay nuevas y graves amenazas a la democracia electoral como el uso de recursos de procedencia ilícita; esta semana salió información sobre el desvío de recursos en las elecciones del año pasado en lugares como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo por millones de pesos, decenas de millones de pesos y el INE no los vio”.
Grave espiar a periodistas
Sobre las publicaciones del New York Times del espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos que realiza el Gobierno Federal, Álvarez Icaza consideró como grave que los recursos que deberían usarse para combatir la delincuencia se utilicen para este fin.
“El software que se instaló en los teléfonos de periodistas o inclusive de sus familiares o defensores de derechos humanos sólo se le vende a los gobiernos para luchar contra la delincuencia y terrorismo, en este caso fue utilizado contra los periodistas en un país donde se están asesinado a los periodistas, en un país donde se está amenazando a los defensores de los derechos humanos”.
Expuso que en cada caso que se utilizó este aparato había una coincidencia de los momentos que se realizaban trabajos por parte de los defensores de los derechos humanos y periodistas.
“Por ejemplo los defensores del Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, tres de sus integrantes fueron atacados para hackear sus teléfonos, cuando estaba por presentarse el informe del GEI también pasó lo mismo y el que hizo eso fue Tomás Cerón, él fue el que compró esos aparatos en la PGR porque sólo se le vende a los gobiernos”.
Señaló que no basta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong “sencillamente diga que no pasó, se requiere una investigación imparcial porque ahora resulta que el fiscal de periodistas, que no ha resuelto un solo caso, es el que va investigar, ese fiscal es el gran responsable de la impunidad que reina donde la amenazas a periodistas se cumplen”.
Sobre el caso Nochixtlán, consideró como grave que no haya elementos para deslindar responsabilidades, “no puede darse el caso del uso de fuerza por parte del cuerpo de seguridad del estado donde haya personas heridas y pérdidas de vidas y no tengamos instancias jurídicas para saber qué fue lo que pasó”, apuntó.
