Luego de que EL IMPARCIAL dio a conocer que el juez de control Sergio Eloy Cortés decidió no vincular a proceso a una tercera persona investigada por el presunto robo de más 800 vehículos del encierro municipal Primavera, Cecilia J. G., la consejería jurídica del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez confirmó esta versión.
Asimismo, confirmó que los dos detenidos en junio, José A. R. y Luis P. K., siguen vinculados a proceso, pero en libertad y bajo uno de los dos cargos que se les imputaban.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) evitó confirmar tales datos y dar información sobre los avances del caso bajo el argumento de que la carpeta está en proceso y bajo secrecía.
Este diario buscó también a la síndica Nancy Belém Mota Figueroa, quien como representante legal del municipio capitalino fue una de las primeras en conocer de la sustracción y decidió interponer una denuncia penal en octubre de 2022. Por cuestiones de agenda, la funcionaria se dijo imposibilitada para responder.
Por su parte, el consejero jurídico, Dagoberto Carreño Gopar, fue quien a nombre del ayuntamiento confirmó que a un año de la denuncia (registrada en la carpeta 36841/FVCE/Oaxaca/2022) todavía siguen las investigaciones. De entre las seis personas mencionadas por el ex director de Movilidad, Fidel Vásquez Vargas, todavía hay posibilidad de que otra más sea vinculada a proceso, dijo el consejero.
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Sobre la tercera persona a quien el juez decidió no vincular, Carreño Gopar explicó que era una servidora pública, quien “presentó su renuncia” para permitir las investigaciones.
La ex funcionaria en cuestión “acudió a la audiencia de imputación que hizo el juez de control”, donde “una vez que presentó todos los argumentos en su defensa”, este “determinó que no se le podía configurar una conducta ilícita y por esa razón determinó no ejercer acción penal en contra de esta persona, no vincularla a proceso”.
El juez ha tomado una determinación respecto a esta persona y nosotros estaremos atentos al resto de las personas para que puedan configurárseles las conductas que hubieran cometido y sean sancionadas en su momento”, apuntó.
Sobre el paradero de las unidades sustraídas, Carreño dijo que entre los datos aportados por el ayuntamiento en la denuncia está el nombre de quien es señalado como el “comprador de estos bienes”. Pero que es el agente del ministerio público quien lo haga “comparecer para que aporte los elementos a su alcance de dónde están los bienes que hubiere comprado y de quién se los compró, en su caso”.
Hasta el momento, Carreño negó que ante la consejería jurídica haya acudido algún particular para reclamar alguna unidad que pudiera haber sido sustraída de este encierro. En caso de presentarse una queja de este tipo, será remitida ante el ministerio público para que “se configuren los delitos, en su caso sería de robo, respecto de esos vehículos”.
