Tenorio afectó a las zonas más necesitadas de Oaxaca

El secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, José Ángel Díaz Navarro, recordó que al inicio de la actual administración estatal se procedió a hacer una revisión exhaustiva de los antecedentes y procedimientos administrativos en todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Como primeros resultados “se identificaron diversos procedimientos con la posible comisión no solo de faltas administrativas, sino de conductas de naturaleza penal”.
Una vez valorados los hechos y seguido el procedimiento necesario por la Secretaría de la Contraloría en la integración de expedientes y todo documento necesario para la conformación de un procedimiento de esta naturaleza, la autoridad ministerial procedió a la consignación ante la autoridad jurisdiccional.
De acuerdo con el funcionario, la Contraloría detectó expedientes de los Servicios de Salud de Oaxaca sobre la dotación de infraestructura sanitaria en las regiones más necesitadas, pero que no fue ejecutada y cuyas contrataciones se realizaron de manera irregular, tanto en su procedimiento administrativo como en los límites del marco legal.
“Ante tal situación se procedió en la ejecución de las fianzas que se constituyeron para garantizar su cumplimiento, advirtiendo en ese momento que se trataba de documentos falsos”.
Señaló que estas irregularidades no hubieran ocurrido sin la participación a través de conductas omisas del exfuncionario ahora detenido, que tenía la obligación de vigilar.
“Las conductas descritas constituyen por una parte, maquinaciones encaminadas a defraudar al Estado, así como una serie de conductas por parte de servidores públicos que provocaron diversas acciones y con ello el desvío de recursos”.
El contralor convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o hecho ilícito del que tenga conocimiento de algún servidor público de forma anónima al número telefónico 9515015000, extensión 10452.
Ninguno de los funcionarios precisó montos en el desvío de recursos o el número de municipios afectados, donde se acusó también a otros funcionarios y familiares involucrados.