Acusan en el cabildo que Oswaldo echó mano de empresa fantasma

El regidor de Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Centro Histórico, Renato Pavel López, acusó ayer a la administración de Oswaldo García Jarquín, de la que formó parte, de echar mano de empresa fantasma boletinada por el SAT, desvío de recursos para pagar nómina, la configuración de delitos fiscales al no dar cuenta a la hacienda pública de retenciones del ISR, entre otras anomalías, para respaldar un punto de acuerdo y los responsables sean investigados, además de llevar la acusación al terreno penal.

Por considerar que su actuar es protagonista, incorrecto en cuanto al proceso y porque el Órgano Interno de control no requiere de puntos de acuerdos para actuar, el cabildo desechó la propuesta del regidor López Gómez para que este ente promueva acciones legales a raíz de los hechos relatados en el informe del presidente Francisco Martínez Neri.

El regidor, además relató parte del contenido de documento difundido sobre la deuda y lo maltrecho en que se dejó la hacienda municipal. Abundó que se desviaron 53 mdp del ramo federal 23. Además del empleo de una empresa fantasma e irregularidades en obras, como el que nunca se devolvieron 17 mdp no usados en el andador semipeatonal.

El jueves, durante la sesión de cabildo, la propuesta solo obtuvo tres votos  favor. En tanto, fueron 9 fueron abstenciones y ningún voto en contra. López Gómez había solicitado que el Órgano Interno de Control presentara “todas las denuncias a que haya lugar” para que los hechos relatados en el informe de recepción de la administración municipal “se sancionen”.

Sin embargo, no encontró respaldo incluso de concejales que como él repiten en la administración, luego de haber estado en la pasada con el ex edil Oswaldo García Jarquín. Y es que de acuerdo con el síndico hacendario Jorge Castro, uno de los que repite en el cargo, el Órgano Interno de Control no necesita de un punto de acuerdo, aprobación del cabildo u orden expresa para actuar.

Esto en tanto tiene “facultades para denunciar posibles hechos derivados de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos”. Además de que es imprudente “emprender acciones legales sin haber agotado los procedimientos internos”, indicó.

Incluso, remarcó que en la propuesta del concejal “no se cita de dónde se derivan los señalamientos” sino solo se basa en el informe, el cual, en términos jurídicos, “no es vinculatorio”. Jorge Castro, pidió no utilizar “a este cabildo para fines de protagonismos personales y mediáticos” ni que se caiga en golpeteos o “grilla”.

La regidora Mirna López, una de los cinco concejales de representación que solicitó a la contraloría investigar lo señalado en el informe, recordó que la propuesta no es el procedimiento correcto. “Se debe ordenar la investigación y de ahí lo que resulte”, apuntó quien no descartó del todo la propuesta en el sentido de que se sancione lo procedente.

En su propuesta, el regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Centro Histórico, proponía que se ordene al titular del Órgano Interno de Control municipal a promover ante el Órgano de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y demás instancias correspondientes, todas las acciones legales a que haya lugar por los hechos e irregularidades contenidas en el informe de recepción de la administración municipal del pasado 28 de junio.

A decir del concejal, quien citó varios puntos ya relatados en su momento por Martínez Neri, el informe serviría de base para evidenciar “la pésima administración municipal pasada” y para sancionar a las y los involucrados. Sin embargo, como se ha expuesto en el pleno y lo ha reconocido el edil, el informe es “una relatoría de hechos y circunstancias”, pero que si tales tienen “una conexión con otra situación”, se tiene que dar seguimiento por otra vía jurídica o legal”.

Las acusaciones

• Falta de transparencia
• Corrupción
• Mala administración
• Desvío de recursos
• Uso ilícito de atribuciones y facultades
• Defraudación fiscal
• Gasto de recursos en un predio privado
• Uso de empresas boletinadas por el SAT
• Obras inconclusas
• Sobre costos en obras