Operativo anti ambulantes: muchas quejas, nula solución
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Operativo anti ambulantes: muchas quejas, nula solución

Los organismos civiles y económicos muestran su malestar por el crecimiento de este fenómeno en la actual administración


Operativo anti ambulantes: muchas quejas, nula solución | El Imparcial de Oaxaca

A casi un mes de inicio, cerca de 10 comités vecinales, organizaciones y entes empresariales se han inconformado por el operativo para reordenar el comercio informal en la ciudad de Oaxaca. Como esto, los organismos civiles y económicos muestran su malestar por el crecimiento de este fenómeno en la actual administración.

Implementado desde el 15 de julio, el operativo lo ejecuta la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, así como la Dirección de Gobierno. Sin embargo, en este tiempo solo los aseadores de calzado que laboran en el zócalo capitalino han podido regresar a su área de trabajo.

Los demás comerciantes y organizaciones siguen tratando de acreditar sus asignaciones de cuenta ante el ayuntamiento o buscando la intermediación de la regiduría de Mercados y Comercio en Vía Pública. En tanto, las organizaciones comerciales se mantienen en mesas de diálogo con las autoridades correspondientes.

Los efectos del operativo y el desplazamiento de comerciantes a otras vialidades han derivado en inconformidades viarias, señala el regidor Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, quien también explica que el operativo iniciado por el edil, Oswaldo García Jarquín, ha dejado a la Comisión de Mercados y Comercio en vía pública al margen.

Además de que se ha percatado de irregularidades en los intentos de acreditación de comerciantes, pues no siempre se corresponde la titularidad con la persona afectada o interesada en la regularización. “La regiduría de Comercio en Vía Pública desconoce la documentación”, refiere Ávalos Díaz, al tiempo de señalar como necesario verificar que coincidan.

El trámite para regularizarse, subraya, es personal y a partir de ello debe contemplarse un estudio socio económico y verificar la documentación, a fin de que se garantice que quienes trabajan en la vía pública sean personas que en verdad lo necesitan. Sin especificar propietarios, refiere que se ha detectado a personas que tienen más de 10 puestos de venta de marquesitas, hot dogs u otros productos.

El operativo, explica el concejal, fue una decisión que tomó el presidente municipal y que instruyó a la Dirección de Seguridad Pública para realizar durante la madrugada del 15 de julio y así evitar la instalación de puestos en tres principales zonas: zócalo, Andador Turístico y Alameda de León.

Luego de solicitar un informe del mismo en sesión de cabildo, el regidor confirma que sólo los boleros de tres organizaciones han acreditado sus asignaciones de cuenta. A la fecha, las inconformidades de otros sectores se han acumulado. Tales son los casos de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que ha señalado el aumento de ambulantaje y protestas.

El comité vecinal del barrio del Marquesado es otro de los que se ha quejado por el fenómeno, además de mostrar su desacuerdo por los ferieros instalados en su barrio.

Otras quejas ante el comercio informal, su aumento, el papel del ayuntamiento y las afectaciones del operativo (por obstaculizar el suministro de bienes y servicios, por ejemplo) provienen de entes como el Monte de Piedad, de la Unión de Comerciantes del Mercado Benito Juárez, de Unidos por el Rescate del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, el comité del barrio de China y la Organización Benito Juárez, Artesanos, Locatarios y Comerciantes.

Asimismo, otras quejas han provenido de los artistas del jardín Labastida, quienes piden un diálogo y respuesta del ayuntamiento.

A decir del concejal, el fenómeno del comercio ambulante ha rebasado a la autoridad, en parte porque organizaciones y funcionarios de áreas operativas “han tejido redes de complicidad” en diversas administraciones. Los funcionarios, explica, han autorizado a vendedores instalarse en zona prohibida o restringida del Centro Histórico, por lo que pide revisar en qué administración o periodo se permitió tal acción.