En la agencia San Felipe, SAPAO se deslinda de responsabilidades porque las obras de drenaje no le fueron entregadas por parte de la autoridad municipal. La sociedad de ha acostumbrado a la escasez de agua, señalan ambientalistas
Sin agua, como refieren los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, SAPAO, el río San Felipe es hoy solo en una honda zanja seca que atraviesa la zona urbana de Oaxaca de Juárez (la agencia San Felipe, el ejido Guadalupe Victoria y Oaxaca de Juárez). De ahí que gran parte de sus 16.682 kilómetros, desde su nacimiento hasta llegar al río Salado, se encuentren contaminados por las aguas residuales y otros desechos humanos.
A ello se suman los problemas derivados de la red de drenaje que se han denunciado en los últimos años, luego de las obras ejecutadas en administraciones como la del expresidente Javier Villacaña. Pero para SAPAO, el tema del río, es decir, de las afectaciones al afluente a causa de la red de drenaje, corresponden al ayuntamiento capitalino debido a que la obra municipal no ha sido entregada para encargarse del mantenimiento.
“SAPAO ha intervenido solo cuando la ciudadanía solicita que se desasolve o por las fugas de aguas negras, pero esas filtraciones se están yendo hacia el río San felipe. Esa no es nuestra infraestructura”, señala. Asimismo, explica que en la agencia de San Felipe, en el tramo de El Huajal, hay fuga constante de aguas negras debido a que la línea de drenaje que pasa por ahí no tiene mantenimiento y por eso se contamina el cauce del río. Y este afluente, ahonda, sería también un tema que corresponde a la Comisión Nacional del Agua.
Las aguas negras son para Beatriz De Esesarte y otros ecologistas o ciudadanos preocupados por los afluentes de la ciudad, el gran problema de la contaminación de los ríos y arroyos, en este caso del río San Felipe. Sin embargo, para SAPAO, los problemas se reparten entre los ayuntamientos de la región Valles Centrales, donde pasan tales ríos. Y por eso se deslinda pues no es parte de su infraestructura, como ocurre con las afectaciones a los ríos Salado y Atoyac.
En estos, según explica, se han generado y atendido colectores como los del margen derecho y margen izquierdo del río Atoyac, que eso encauza las aguas negras prácticamente del puente del Tecnológico hasta los límites de Santa Cruz Xoxocotlán y hasta llegar a la planta tratadora de aguas residuales de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
La falta de agua es un problema derivado, en gran medida, de la contaminación de los ríos.
“Se repara un tramo de infraestructura que corresponde a SAPAO, se hace la rehabilitación y se encauzan las aguas negras, pero lamentablemente en municipios más arriba, que no corresponden a nuestra infraestructura, descargan sus aguas en los ríos”. Así, refiere que aunque se hagan trabajos de encauce de aguas negras en la parte del río Atoyac, se mantiene la contaminación que generan municipios como Etla y otros del valle eteco, que no son parte de su cobertura.
“Donde está nuestra infraestructura, todas las aguas negras y residuales están en los colectores sanitarios. Aguas arriba son responsabilidad de cada municipio”, subraya. Asimismo, si los demás municipios no descargaran aguas negras en tales afluentes y elaboraran un proyecto de construcción de colectores al margen de los ríos, se podrían rescatar el río Atoyac o el Salado.
Carlos Morales, presidente de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, señala que para el rescate de los ríos como el Salado y el Atoyac, u otros del estado, lo que se requiere es coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Pero esto, refiere, no ha existido y por ello varias se deslindan del problema o solo ejecutan obras aisladas como megatequios que al final no tienen resultados porque en otras partes de los ríos se siguen arrojando aguas negras.
Tomando como base el amparo ganado por Litigio Estratégico Indígena, que se considera inédito, Morales habla de las dificultades para su ejecución. Primero por ser inédito en tanto que nunca antes en el país se había emitido una sentencia con tales características, la que dice que: “las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para efectuar el rescate de los ríos Salado y Atoyac”.
Es decir, que autoridades municipales, estatales y municipales tienen que trabajar en conjunto. Y de ahí la importancia de la coordinación, pues “el problema de la contaminación tiene que ver con la descoordinación de las autoridades”, refiere el presidente de Litigio, quien ejemplifica que no serviría hacer un megatequio en Santa Cruz Xoxocotlán si la contaminación se mantiene en San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas y Oaxaca de Juárez, en partes donde empieza y sigue su cauce el río.
“Por eso el punto toral de esta sentencia es que la jueza primero en el Distrito de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, ordena y dice que deberán coordinarse. Y en eso hemos tenido muchos problemas porque hay autoridades que dicen que van a limpiar o atender su parte o hay otras como la de Soledad, Etla, que dijo que no contamina, que no tiene descargas de aguas negras en el río”. Sin embargo, explica Morales, hay otros municipios que sí tienen descargas en el afluente o que aunque no colindan con este vierten sus aguas negras en tal.
Y de ahí que otros entes como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se opongan a la resolución a decir que su función es solamente normativa y de vigilancia.
El agua que bajaba del Río San Felipe llenaba los acueductos y se formaban cascadas en la parte norte de la capital.
Acciones contundentes y ciudadanía
Como esta coordinación entre autoridades, Morales considera que la ciudadanía también tendría que apostar por acciones más contundentes que obliguen a las autoridades a acatar sus responsabilidades. Hasta ahora, los escritos o denuncias ante instancias ambientales no tienen efectos, pues estas no investigan los hechos.
“Como ciudadanía tenemos que empezar a conocer qué tipo de acciones legales y jurídicas contundentes podemos ejercer para evitar la contaminación de los ríos”, expone. Pero para ello el primer elemento a considerar es la existencia de ciudadanía interesada en denunciar y mantener un proceso judicial o administrativo en contra de alguna instancia omisa. Hay que “hacer que la ciudadanía no solo presente un escrito o denuncia en redes sociales, es necesario ir un paso más adelante para que ejerza acciones jurídicas concretas”. Aunque reconoce que no se promueven por desconocimiento o porque son tardados y eso desanima a quien las promueve.
