La representación jurídica de Unión Hidalgo interpuso una queja ante el Punto Nacional de Contacto adherida a la OCDE en contra de las actividades que la empresa Electricité De France realiza en el Istmo de Tehuantepec.
El objetivo es alertar que las actividades de la empresa trasnacional (EDF Group) podrían estar violando derechos humanos de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, al no consultarlos, indicó la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDesc).
La organización no gubernamental acompañó a la representación de la población a interponer la queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, una instancia intermediadora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La queja fue firmada por el representante de la asamblea comunal, Oscar Marín, y la defensora comunitaria indígena, Guadalupe Ramírez, en representación de la Comunidad de Unión Hidalgo.
Esta acción legal se suma a las demandas de amparo que la comunidad indígena, con el acompañamiento de ProDesc, presentó desde 2017 por la actuación y omisión de las autoridades mexicanas.
Y es que con poco éxito han exigido información sobre el desarrollo del proyecto “Gunná Sicarú”, además de denunciar la autorización de permisos sin cumplir con los estándares internacionales y la falta de una consulta indígena y el consentimiento libre, previo e informado para la instalación del parque.
La ONG observó la urgencia de generar mecanismos efectivos de exigencia, defensa y debida diligencia para la comunidad, dado que EDF Group SA, es una empresa multinacional fundada por el gobierno francés para la generación, transmisión y distribución de electricidad.
Desde inicios de 2017, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo reunió evidencia sobre la eventual instalación en su tierra y territorio del parque eólico “Gunaá Sicarú”, de Eólica de Oaxaca, SAPI de CV, filial de la empresa trasnacional EDF.
Relató que con el paso de los meses, la comunidad constató el avance y desarrollo de este proyecto sin que el Estado mexicano realizara una consulta indígena para obtener su consentimiento y sin que la empresa les haya involucrado en la planeación del parque.
La comunidad acusó violaciones a los derechos humanos, principalmente su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; sin embargo, también son condiciones propicias para nuevas afectaciones contra la comunidad y las personas defensoras de la tierra y el territorio.
Con ello, se espera que el PNC, en su carácter de instancia mediadora, conozca las posibles violaciones a los derechos humanos en que la transnacional francesa podría estar incurriendo en México.
Exhortó a que se llame a EDF a cumplir su responsabilidad de generar mecanismos de diálogo con la comunidad e impida una actuación corporativa contraria a lo que marcan las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
El proyecto “Gunaá Sicarú” sería el cuarto parque de EDF en México, y el parque número 24 que se instala en la región del Istmo de Tehuantepec.
La gran mayoría de estos proyectos se instauró con graves omisiones por parte de las empresas y el Estado mexicano, lo que trajo importantes afectaciones para las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos, enfatizó.
