Integrantes de la Coordinadora General de Damnificados de Istmo, emplazaron los gobiernos federal y estatal para que cumpla con el compromiso contraído con la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO) de Oaxaca, para que a partir del 15 de enero se inicien las revisiones físicas de daños en las viviendas de los municipios afectados por los sismos, para integrar el segundo padrón de damnificados y de reclasificación de daños.
Esto luego de las declaraciones irresponsables de Héctor Anuar Mafud, del propio gobernador Alejandro Murat y de algunos otros funcionarios que han señalado que no habrá un segundo censo o que ya fue realizado.
En conferencia de prensa dejaron en claro que si no le quieren llamar segundo censo, que le llamen como quieran, pero que se realice la revisión a cordada, de lo contrario podrían iniciar una serie de acciones.
La Coordinadora General de Damnificados de Istmo está conformada por 16 municipios como Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Juchitán, Tehuantepec, Unión Hidalgo, Comitancillo, Niltepec, Santa María del Mar, Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, San Dionisio del Mar, Santa María Chimalapa, Barrio de la Soledad, Matías Romero y San Mateo del Mar entre otros, quienes se reunieron con diversas dependencias y lograron este acuerdo.
Lograron que el Congreso del Estado aprobará en el Presupuesto de Egresos del Estado para este ejercicio 2018, un capítulo para la reconstrucción de viviendas en el cual se etiquetaron recursos por doscientos millones de pesos y que incluyó fondos para realizar estudios geológicos en los municipios de la región que fueron afectados por los sismos.
Denunciaron que a través de la Sedatu se ha emprendido una campaña de presión y hostigamiento a los damnificados, en donde a través de visitas domiciliarias se les amenaza, cuestiona y recrimina por el poco avance en las tareas de construcción y reparación de viviendas, exhibiendo insensibilidad, desconocimiento de la problemática y falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, por lo que piden detener de manera inmediata la presión y hostigamiento.
Al gobierno del estado le exigen el cumplimiento de los acuerdos para iniciar a partir del 15 de enero del 2018, las revisiones físicas de daños en las viviendas de los municipios afectados por los sismos, para integrar el segundo padrón de damnificados y de reclasificación de daños.
Piden el inicio inmediato de los estudios geológicos en los municipios afectados por los sismos, toda vez que el Congreso del Estado ya aprobó recursos para su realización, y que estos son la base de una reconstrucción responsable en nuestros pueblos.
Solicitan una explicación amplia y clara por parte del gobernador del estado, del uso y destino de los mil doscientos millones de pesos de deuda que el Congreso del Estado le autorizó para la reconstrucción de nuestros pueblos desde el mes de septiembre del 2017.
Finalmente aseguraron que si los gobiernos federal y estatal no actúan con responsabilidad ante las exigencias de los damnificados del Istmo, la ciudadanía organizada retomará e intensificará las acciones de lucha hasta lograr que no haya un solo damnificado o damnificada sin recibir la atención y los apoyos para reconstrucción por parte del gobierno.
