Olvidados por los tres niveles de gobierno, ignorados por las instancias defensoras de los derechos humanos, las personas con capacidades especiales se ven obligadas a subsistir en la miseria.
Las malas condiciones económicas en las que viven las familias con integrantes que presentan algún tipo de discapacidad en Juchitán y gran parte del Istmo, salieron a la luz pública posterior al terremoto del 2017, cuando instituciones y familias altruistas nacionales y extranjeras les brindaron su apoyo, lo que les permitió sobrellevar su pobreza.
La presencia de la pandemia provocada por el Coronavirus, obligó a las familias a incrementar las medidas sanitarias propuestas por el sector salud, ya que al ser parte de los grupos vulnerables corren mayor riesgo de contagio.
A través de las redes sociales, los familiares de Carmelita Valdivieso Matus, quien se encuentra postrada en una cama de por vida, debido a las lesiones recibidas durante una violación e intento de asesinato del cual fue objeto, se vieron en la necesidad de denunciar la cancelación del apoyo que recibía del programa Bienestar para Personas con Discapacidad.
El cual, deberá ser restituido a partir del presente mes de marzo, como lo acordaron con funcionarios del gobierno federal, quienes aseguraron desconocer el motivo de la cancelación del apoyo.
Integrantes de organizaciones de personas con capacidades diferentes, denunciaron que sus representantes han negociado cargos al interior de las planillas de los candidatos a presidentes municipales, y a recibir apoyos de los aspirantes a Diputados Locales, por lo que llevan a cabo la afiliación de las familias, en algunos casos obligados ante el temor de perder los raquíticos apoyos recibidos.
Integrantes de este grupo vulnerable, denunciaron que sus dirigentes han lucrado con las necesidades de niños, jóvenes y adultos que presentan algún tipo de discapacidad, al grado de desviar los apoyos recibidos para beneficio personal, o en su caso, realizar cobros por las donaciones recibidas como ellas sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.
Ante esta situación, señalaron que durante la próxima semana se llevará a cabo una manifestación frente a las oficinas provisionales del ayuntamiento municipal de Juchitán, para denunciar las irregularidades presentadas y exigir mayor atención gubernamental.
