Ante las amenazas de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), de boicotear el proceso de construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en la región del Istmo, las Fiscalías de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, firmaron el convenio de colaboración en materia de seguridad con la Secretaría de Marina, a fin de garantizar la justicia en la franja.
Desde el inicio de los trabajos de reconstrucción y reforzamiento de las vías férreas que unen al puerto de Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz, se incrementaron las manifestaciones de organizaciones políticas y campesinas en la zona norte del Istmo, para exigir la reducción de la tarifa eléctrica respeto a sus tierras, entre otros.
Ante esta situación, las dependencias estatales y federales analizaron la importancia del trabajo interinstitucional que permitirá garantizar la paz social en la franja ístmica, por lo que a partir de esta fecha el personal de la Secretaría de la Marina es la encargada de la vigilancia y protección de la zona en donde se aplicará el proyecto.
Las autoridades participantes reconocieron que la presencia de grupos criminales en la zona, es uno de los motivos principales de los retrasos en los trabajos de construcción del Tren Transístmico, del megaproyecto y su infraestructura con mayor potencial para el desarrollo del país que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Obras en las que el gobierno federal ha destinado 18 mil 267 millones de pesos, de los cuales 10 mil 646 millones se le asignaron sólo para este 2022, de acuerdo al último proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque no existe un monto real del costo final que tendrá este megaproyecto.
Las autoridades reconocen que el proyecto lleva un retraso de 15 meses, debido a los conflictos por la tenencia de la tierra, manifestaciones de impacto ambiental, la pandemia, así como también extorsiones de grupos del crimen organizado hacia las empresas participantes que sirven de obstáculo al megaproyecto del presidente de la república.
