Familias desplazadas de San Francisco del Mar demandan atención de la DDHPO
Aseguran que las autoridades auxiliares de Pueblo Viejo han permitido destrozos en viviendas, tomas de agua potable y energía eléctrica.
Por: José Nieto.
Representantes de catorce familias desplazadas de la agencia municipal de San Francisco del Mar Pueblo Viejo, municipio de Pueblo Nuevo, presentaron una queja ante la representación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con sede en esta ciudad de Juchitán.
Oliver Ocampo Martínez, uno de las cabezas de estas familias que tomaron la determinación de solicitar la intervención de las instancias defensoras de los derechos humanos, ya que a siete años de haber sido expulsados de su comunidad, las autoridades estatales y municipales se mantienen parciales ante el conflicto que prevalece.
Desde el 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se posicionó en la comunidad imponiendo a las autoridades auxiliares; en ese tiempo encabezados por Homero Salinas expulsaron a 14 personas integrantes de cuatro familias, por haber votado en favor de los candidatos del Partido Unidad Popular (PUP).
Para las autoridades auxiliares no es aceptable que los habitantes de Pueblo Viejo simpaticen con otro partido político que no sea el PRI, y tampoco aceptan a personas que profesen una religión protestante, por lo que hasta la fecha han sido expulsadas del pueblo un total de 35 personas, integrantes de 14 familias.
Las autoridades auxiliares de Pueblo Viejo, cuentan con el apoyo del Presidente Municipal de filiación priista Carlos Vargas Gómez, por lo que, han permitido destrozos en viviendas, tomas de agua potable y energía eléctrica, incendiado palapas de pescadores, entre otros actos vandálicos.
Por lo anterior, las familias desplazadas solicitaron la intervención de la DDHPO, que los agresores reparen los daños causados, ya que en caso contrario se turnara el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dejando en claro que, no pretenden regresar a Pueblo Viejo debido a que sus vidas y las de sus familias corren riesgo, por lo que demandan a los gobiernos federal y estatal ser reubicados en la cabecera municipal o cualquier comunidad cercana.
