Una acusación federal presentada en Estados Unidos colocó bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El proceso fue anunciado por autoridades del Distrito Sur de Nueva York, quienes confirmaron la apertura de una causa judicial tras hacerse pública la imputación.
SEÑALAMIENTOS POR COLABORACIÓN CON EL CRIMEN
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente en el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense, además de enfrentar cargos relacionados con el manejo de armamento.
Las autoridades sostienen que los señalados ocupaban posiciones clave dentro de estructuras gubernamentales y de seguridad, lo que habría permitido —según el expediente— el desarrollo de actividades ilícitas.
LISTA DE IMPLICADOS Y DELITOS GRAVES
Entre los nombres incluidos en la acusación figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
En este último caso, la acusación agrega delitos de alto impacto, como el presunto secuestro de una fuente de la DEA y un familiar, hechos que habrían derivado en la muerte de ambas víctimas.
UN CASO QUE ESCALA A NIVEL INTERNACIONAL
El expediente quedó radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la conducción de la jueza Katherine Polk Failla, lo que coloca el caso en una instancia de alto perfil dentro del sistema judicial estadounidense.
La dimensión del proceso no solo involucra a actores políticos, sino que también pone en tensión la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
SILENCIO OFICIAL Y CUESTIONAMIENTOS
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial del gobierno mexicano frente a los señalamientos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante acusaciones de esta magnitud.
El caso abre nuevamente el debate sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras de poder y la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas.
