Elección agraria en manos de la Procuraduría Agraria

“Yo termino mi periodo el 15 de marzo, (hoy) y el consejo de vigilancia ya dijo que no convocará a elección motivado por la suspensión de la elección del día 11 pasado, todo quedará en manos de la Procuraduría Agraria (PA)”, señaló Eutiquio Ricárdez Cárdenas comisariado de los bienes comunales de Pochutla.

De acuerdo a la Ley Agraria debe ser el consejo de vigilancia quien convoque a nueva elección, y para ello cuenta con 60 luego de que fenecido el período del presidente del comisariado de los bienes comunales.

Y es que el pasado día 11 los candidatos al máximo cargo agrario decidieron suspender la elección al señalar presuntas irregularidades, lo que ocasionó alta polarización entre los comuneros, “ante ésta situación vivida, el consejo de vigilancia decidió no convocar a nueva elección y dejar pasar los 60 días que marca la Ley Agraria, así todo quedará bajo la tutela de la PA”, externó Ricárdez Cárdenas.

Dentro de las prioridades que tiene el órgano agrario es concretar acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto a la indemnización por la ampliación de la carretera federal 175 que atraviesa el núcleo agrario, “y para acceder a los pagos de la SCT los acuerdos deben llevar el respaldo de la certificación del núcleo agrario, sin la certificación que otorga la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( Sedatu) no se podrá realizar acuerdo alguno, ni para actualizar el padrón comunal ni con ninguna otra dependencia pública “, acotaron varios comuneros.

En éste núcleo agrario todavía se maneja un padrón de dos mil 941 comuneros y lleva varios años sin depurarse o actualizarce, tampoco cuenta con un ordenamiento territorial comunitario, también tiene deuda de un ordenamiento ecológico como el que tiene el núcleo agrario de Tonameca.

Con la negativa del consejo de vigilancia, cuyo presidente es Bernabé Díaz, de no convocar, dentro de 60 días a elección, la PA deberá emitir la convocatoria respectiva y sentar nuevos acuerdos con los comuneros que se registren como candidatos al cargo de presidente del comisariado de los bienes comunales y al cargo de presidente del consejo de vigilancia.