Uno de los ejes rectores del buen periodismo es no afectar la dignidad de las personas ni, mucho menos, infligirles un daño moral al tomar como nota la vida personal. Sin embargo, como catalizadores de la opinión pública y forjadores de opinión no sólo entre nuestros lectores sino más allá de los mismos, en nuestro diario hemos percibido con gran preocupación que hoy en día, con la efervescencia de las redes sociales y la inmediatez de la información, temas personales y hasta del entorno familiar se convierten en factores de escarnio público, morbo y hasta de campañas tendenciosas. Lo grave -insistimos- es que un tema que ahora tendrá que resolverse en los órganos jurisdiccionales, se haya convertido en un circo de denuncias, denuestos, difamación y hasta en un reality show que, desafortunadamente, tiene como actriz principal a una menor de edad y a la madre de ésta que, durante 12 años guardó silencio para judicializar el tema. El asunto de la posible paternidad que se le acuña a un alto funcionario del gobierno estatal actual, que por tercera ocasión -se sabe- ha solicitado las pruebas de ADN, parece haberse escurrido por las atarjeas pestilentes de la manipulación y el tufo abominable del daño moral tendencioso, que sólo se da cuando existe un avieso interés político. Tomar a una menor de edad para satisfacer intereses personales es una afrenta al sentido común y de decoro que debe prevalecer en toda sociedad civilizada.
En cualquier circunstancia una situación como la que se trata no debe dirimirse ni satisfacer egos en los medios de comunicación. El periodismo serio no actúa como Ministerio Público mucho menos como juez de instrucción. La ética obliga en principio a proteger a aquellos que, de conformidad con el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial son inocentes hasta que el juez diga lo contrario. Más grave aún, cuando se han tomado como punta de lanza declaraciones de una menor -o la madre o la abogada- que se han hecho virales en la red en un claro intento de victimización, sin haber agotado los canales institucionales a los que nos remite la ley civil vigente. Pretender con ello obtener una ventaja pecuniaria u otras prebendas es sencillamente abominable. Si el tema referido se encontraba ya en la ruta de la ley vigente, no había razón para mediatizarlo exponiendo a las supuestas víctimas o presuntos victimarios a los prejuicios, el escándalo y la politización, sin reparar en el daño que se inflige a todos. La madre ha omitido que, en cualesquier circunstancia, los derechos de los niños (as) deben estar a salvo y por encima de todo. La ruta tomada es la equivocada.
