Al considerar que la implementación de los operativos donde participan las fuerzas armadas, lejos de disminuir la violencia que se encontraba en mínimos históricos antes de 2006, la incrementó drásticamente, diputados de la fracción parlamentaria del PRD en el congreso local, se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Señalaron que al cumplirse 10 años desde que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, tomó la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y declarar la guerra contra el narcotráfico, la ola de la violencia se disparó en todo el país, principalmente donde el Gobierno Federal estableció operativos encabezados por los miembros del Ejército Mexicano.
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Horacio Antonio Mendoza, exigió a las distintas fuerzas políticas retomar las propuestas que persigan implementar un modelo de seguridad basado en un enfoque integral, que fortalezca a las policías civiles y actúe en conjunto con la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal.
“México requiere que exista certidumbre en las relaciones de convivencia entre el ejército y la sociedad mexicana, sin embargo, en los términos que se plantea esta Ley, es claro que vulnera los principios constitucionales más elementales para la vida en una democracia”, expuso.
El legislador añadió que en torno a este tema se debe privilegiar un debate robusto e inclusivo, considerando las recomendaciones nacionales e internacionales de los expertos en la materia.
En su posicionamiento, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), informó que la crisis de violencia e inseguridad en México desde hace más de una década ha agravado el problema de la criminalidad que afrontan la ciudadanía y las instituciones policiales.
Estas últimas, por su falta de capacidades y recursos, por su nula o deficiente planeación y coordinación recíproca, además, por su evidente vulnerabilidad ante la infiltración de organizaciones criminales, han agravado el problema y propiciado que las autoridades civiles opten por involucrar al Ejército Mexicano y la Marina Armada en acciones dirigidas a proporcionar seguridad a las personas, como una medida excepcional de carácter emergente y temporal.
Sin embargo, consideró que dicha medida continúa aplicándose hasta la fecha, aunque evidentemente la crisis de inseguridad a causa de maniobras del crimen organizado no ha podido ser resuelta por las autoridades, lo cual hace innegable el fallo de esta estrategia.
Decisiones coyunturales o políticas no pueden determinar el alcance y contenido que debe tener una ley sobre seguridad interior, ni tampoco pueden determinar la necesidad de que se emita dicho ordenamiento, ya que nuevamente, no se estaría entendiendo la dimensión real del problema y sus razonables formas de solución.
