Jorge Armando, excomandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), preso en el reclusorio de Miahuatlán, fue notificado ayer de otra orden de aprehensión en su contra.
El expolicía fue detenido por el delito de extorsión el 22 de mayo de 2015, tras una investigación realizada por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca.
La captura ocurrió en inmediaciones de la calle Venezuela esquina con Carretera Internacional, en la colonia América Sur.
El ahora detenido en ese entonces se hacía acompañar de una persona más identificada como Gerónimo, de ocupación mecánico cuando fueron sorprendidos en el momento en que cobraban una fuerte cantidad de dinero, esto tras llamadas telefónicas de extorsión que habían realizado a un empresario de esta capital.
Ambos esperaban el pago del rescate de un empresario, secuestrado en febrero del mismo año mismo.
La cantidad exigida era de un millón de pesos, pero fueron sorprendidos por los agentes estatales, quienes ya habían sido informados por personas cercanas a las víctimas sobre el lugar del pago.
Otra orden en contra
Ayer, a las 12:30 horas, agentes estatales de investigaciones del grupo Aprehensiones, le notificaron a Armando sobre otra orden de aprehensión en su contra, dentro del expediente 89/2017, librada por el juez tercero de lo penal.
Se le acusa, precisó la dependencia, del delito de secuestro agravado.
Se confirmó que en el año 2015, en la colonia Lomas del Crestón, cinco hombres privaron de su libertad al ofendido, luego de interceptarlo en una camioneta tipo Explorer de color verde.
En uno de los vehículos de los plagiarios iba el ahora imputado alias El Chabelín.
Supuestamente los secuestradores estaban armados con pistolas y portaban chalecos negros de la Policía Ministerial.
A la víctima la amagaron y con violencia se la llevaron, para luego Jorge Armando exigir la cantidad de un millón de dólares para liberarlo.
Posteriormente aceptaron la suma de un millón de pesos. La cual fue pagada por los familiares de la víctima.
