El costo promedio por víctima de corrupción en Oaxaca se estima en 3 mil 368 pesos, de acuerdo con los cálculos del INEGI. La mayoría de los pagos indebidos se registran en trámites administrativos y de seguridad, sin que se reporten avances significativos en los mecanismos de denuncia y sanción. Aunque la prevalencia se ha mantenido estable desde 2023, la percepción de corrupción sigue en aumento, impulsada por la visibilidad de los casos en redes sociales y medios locales. Los ciudadanos consideran que la falta de castigos y la impunidad agravan el problema y desalientan la denuncia. Así, Oaxaca mantiene una imagen pública deteriorada en materia de integridad gubernamental. La persistencia de altos niveles de desconfianza hacia las autoridades y la limitada efectividad de los mecanismos anticorrupción colocan al Estado entre los más rezagados del país en transparencia y combate a los abusos de poder. Si reciben denuncias ciudadanas los jefes y no toman ningún procedimiento de control ni de prevención, o es algo que rebasa sus conocimientos o hay permiso para extorsionar a los usuarios.
Es muy común que existan redes de nepotismo, parientes consanguíneos o con parentesco político, con un líder que dice qué y cuánto cuesta tal o cual servicio, ya sea limpio o con alguna componenda. Este fenómeno es totalmente previsible, teniendo por norma que no exista parentesco de ningún tipo dentro de una oficina, pues recuerdo que fue así como se inició la corrupción hoy imparable en el Registro Público de la Propiedad primero en el Distrito del Centro, y va haciendo escuela. Regresando al sector salud, por medios periodísticos se da a conocer precisamente que tratándose de licencias sanitarias, permisos adicionales como avisos de funcionamiento en farmacias que requieren el aviso de funcionamiento, licencias para medicamentos controlados, clínicas y hospitales que tramitan licencias sanitarias específicas, como laboratorios, bancos de sangre y otros productos médicos que deben contar con registro sanitario, justamente se trataba de un fuerte tráfico ilegal que generaba grandes ganancias a los empleados de esa oficina, que suena absurdo porque las farmacias, hospitales y laboratorios no necesitan de que el trámite sea ilegal, pues es fácil comprobar cualquier incumplimiento, sin embargo, el escándalo periodístico se dio y se atribuía a que todos eran parientes en esa oficina y que el líder sindical tenía el control absoluto. Y lo que sucede como los trámites registrales a los que me he referido con anterioridad, en sí no son ilegales, solo que la forma de obtener el cohecho es haciéndola cansada al pobre usuario que va y regresa y hasta qué dice cuánto es, sale su trámite.
Esto sucede en la mayoría de oficinas con servicios al público, como en el ámbito municipal, me tomé la molestia de avisarle a quien fungía como Alcalde Municipal, que su secretario en trámites tan sencillos como el apeo y deslinde de predios, cobran según el terreno, la gente se desespera de acudir y pregunta cómo es la fórmula para obtener el servicio, y le aconsejan ofrezca un dinero y la persona que me informó lo hizo, y tuvo que pagar diez mil pesos por cada terreno para el apeo y deslinde. La jefa Alcalde, ni caso me hizo; y eso de que yo tenía la certeza de que era honrada. Así está todo y lo único que se necesita es que los Directores y Jefes de Oficina se pongan las pilas, metan controles, vigilen, inviten a tener observatorios ciudadanos, como enseguida sugiero.
1.- Crear un observatorio ciudadano y de transparencia, invitando a las universidades y sociedad civil. 2.- Implementar un sistema estatal de trazabilidad de adquisiciones médicas con precios comparativos públicos. 3.- Integrar alertas automáticas por sobreprecio, adjudicación directa y proveedores repetidos. 4.- Vincular el sistema con observaciones de la ASF y auditorías internas. 5.- Crear un módulo de trazabilidad logística para medicamentos esenciales. 6.- Establecer auditorías cruzadas entre almacenes, hospitales y farmacias públicas. 7.- Promover la denuncia ciudadana protegida ante desabasto o redireccionamiento ilícito. 8.- Establecer un protocolo estatal de validación documental para permisos sanitarios, interoperable con Cofepris. 9.- Crear un registro público de farmacias autorizadas con historial de inspecciones. 10.- Capacitar inspectores en detección de documentación apócrifa y control de infraestructura mínima. 11.- Implementar un sistema de control curricular y méritos para nombramientos en salud. 12.- Monitorear redes familiares en cargos públicos mediante datos de vinculación. 13.- Fortalecer la declaración patrimonial y la rotación programada de personal clave.
Este es un trabajo que debe coordinar el Sistema Estatal Anticorrupción que con gusto aporto. Solo falta voluntad.
