(primera parte)
No se trata de un problema nuevo, en anteriores artículos he mencionado el tema, y en especial, cómo en sexenios anteriores se cuantificaban los millones de pesos recabados al año, por sobornos de un solo empleado. Y al no haber sancionados por esas conductas, sigue creciendo al grado que hoy por hoy, es asfixiante. El público se queja con los superiores sin éxito, por ello, es presumible que el hilo sube. Las sugerencias que hoy expondré, son aplicables al municipio, al gobierno del Estado y a la Federación. Pero en especial me centraré en el gobierno del Estado de Oaxaca, respecto a los servicios registrales a cargo del Consejero Jurídico. Porque a pesar de casos en los que un Director del Registro Civil, por un sexenio, pidió una cuota mensual de ocho mil pesos o un reloj equivalente a ese precio, a cada uno de los registradores distritales, eso se escuchaba en los pasillos de la citada dirección, fue procesado pero por una sola acción distinta, que tomó relevancia nacional, pero toda la extorsión y sobornos obtenidos en el sexenio, no hubo investigación. Y resulta muy difícil porque los particulares no denuncian por muchas razones, que yo creo que la principal es falta de credibilidad, pues si en algunos casos, corren al empleado corrupto, al rato regresa nuevamente por estar ligado familiar o de otra forma con algún alto funcionario. En ese sexenio que se distinguió por la alta corrupción, a la contralora, una abogada famosa, le pregunté ¿has realizado alguna auditoria administrativa?, me dijo: ¿qué es eso? Si, creo que NUNCA HAN REALIZADO AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS. No solo las financieras descubren la corrupción.
Pues haré una serie de sugerencias deducidas de mi experiencia en este tipo de servicios registrales.
Primera sugerencia, que los directores de las oficinas, hagan su chamba. Por ejemplo, del Registro Civil, como magistrada anticorrupción tuve en mis manos un expediente en el que a pesar de que fundé una oficina de supervisión en esa Dirección, durante once años, hubo quejas en contra de un empleado que sobornaba y vendía plazas (once años), el Director jamás lo separó del cargo, jamás lo acusó a la contraloría. En un sexenio distinto, lo acusan a la contraloría de un soborno nuevo, pero las acciones anteriores ya habían prescrito.
Sugerencias: Hacer auditorías administrativas. Solicitar la revisión de trámites rechazados en los últimos seis a doce meses para detectar patrones de obstrucción. Implementar un trámite de trazabilidad digital: Establecer un sistema de folio único por trámite, con seguimiento digital desde ingreso hasta resolución. (Esto lo implementé en el Registro Civil con los trámites urgentes, y se pagaban en caja registradora oficial). Publicar en línea los requisitos exactos por tipo de trámite, con fundamento legal, para evitar discrecionalidad. Aplicar rotación periódica del personal de atención directa. Blindar las ventanillas instando cámaras de vigilancia en áreas de atención (con aviso legal), y buzones digitales de denuncia. Los buzones de quejas a la contraloría directa, pero que la contraloría, sea muy estricta en la revisión semanal de las denuncias y proceda, pues no es cuestión de ponerlas y abandonarlas, como lo han hecho anteriormente. Designar un equipo técnico-jurídico independiente que revise rechazos y dictamine si son fundados. Este equipo puede depender directamente del Consejero Jurídico y tener facultades de recomendación vinculante. Realizar auditorías de cumplimiento de procedimientos administrativos, no solo de gasto. Verificar si los rechazos de trámites se ajustan al reglamento y si hay criterios contradictorios. Cruce de datos entre trámites y pagos. Auditar si hay correlación entre trámites rechazados y pagos posteriores no registrados oficialmente. Solicitar acceso a expedientes físicos y digitales para detectar irregularidades. Activación de mecanismos de denuncia protegida. Establecer canales seguros y anónimos para que ciudadanos y empleados denuncien actos de corrupción. Garantizar seguimiento y protección a denunciantes, con protocolos claros. El teléfono que puso el Poder Judicial del Estado, es un buen ejemplo, pero falta blindaje del denunciante. Informe especial a la Contraloría. Emitir un informe extraordinario sobre riesgos de corrupción en servicios registrales. Recomendar reformas normativas o reestructuración de áreas vulnerables, creación de una mesa interinstitucional anticorrupción registral, con participación de: Secretaría de la Función Pública estatal. Colegio de Notarios. Sociedad civil (observatorios ciudadanos). Academia jurídica. Esto permitiría articular soluciones estructurales y monitorear avances con transparencia. Que no sean los notarios y sociedad civil, a modo. Si de verdad se desea abatir la corrupción, hay que ser honesto en el combate. (continuará)
