Mientras Don Raúl Nieto estuvo encargado del Registro Público de la Propiedad, por muchos años, fíjense bien lectores de “encargado”, nunca le dieron el nombramiento de director, posiblemente no tenía título de abogado o no era del partido político de los gobernadores con los que trabajó, pero duró varios sexenios hasta su muerte, dicha institución estuvo a salvo de la corrupción por lo menos en el distrito del centro, porque en las cabecera distritales, los jueces fungían como notarios públicos por receptoría y eran al mismo tiempo registradores públicos de la propiedad; entonces en esas épocas, ser juez de un distrito importante era muy peleado.
Y pensar que a mis 23 años rechacé ser juez de un distrito del Valle, pues como Agente del Ministerio Público expresaba agravios en representación de la entonces Procuraduría del Estado, y ganaba todas mis apelaciones, por ello, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó hacerme juez, y le contesté a don Manuel Zárate Aquino que no, porque era muy joven y me faltaba madurez para juzgar a un criminal, y se molestó mucho el entonces presidente del tribunal y después fue gobernador y seguía muy serio conmigo. Por cierto, me vino una crisis existencial, pues, qué hacía yo logrando la revocación de sentencias absolutorias y autos de libertad, sin tener la proximidad de los actores en esos juicios penales y renuncié a mi cargo.
Regresando al hombre probo, don Raúl Nieto, su dedicación y vigilancia personal de todas las inscripciones, tuvo a la institución registral limpia de toda mancha. A su muerte, empezaron los directores que no sé si la ley obligaba que fueran notarios públicos, ser juez y parte como los jueces, empezó el desorden.
En los años 80’s empezó un notario público a inscribir puros terrenos comunales, con escritura privadas, era notario pero llevaba a inscribir como 50 escrituras privadas y cinco públicas, claro con el tiempo las privadas las convertía en públicas con una incorrecta interpretación del artículo 2893 del Código Civil del Estado, que ordena que las escrituras que no tengan correctos los requisitos de inscripción, se les inscribirá de forma preventiva y que transcurridos tres años, sin que se corrija tal falta, se cancela la inscripción, por lo tanto no es inscribible, es la deducción lógica. Pues hubo un director que lo escuché decir que al cancelarse la inscripción preventiva se volvía definitiva.
Cosa más absurda y empezaron a cobrar cinco mil pesos por cambiar una inscripción preventiva por definitiva y aquello se volvió un mercado negro, pues ha ido subiendo a quince mil pesos, a cincuenta mil pesos; y escuché hace unos meses, quejarse a alguien de la costa de Oaxaca que piden ciento cincuenta mil pesos, no sé por qué trámite ilegal, porque se quejan por la cantidad, pero no confiesan su pecado.
Hace tres o cuatro sexenios atrás se calculaba que tres millones de pesos, promedio tocaba a cada empleado de estos registros al año. Yo me atreví dos veces a acusar ante los que creí honrados, directores del Registro de la Propiedad, y les dije aprovechando un trámite, este empleado que está aquí, junto a usted, cobra fuertes cantidades por modificar las inscripciones; y en los dos casos los directores alzaron los ojos al techo y no contestaron nada. Este tipo de corrupción opera entre dos corruptos, un particular y el empleado de gobierno, así nadie delata a nadie.
Después hubo épocas que algunos notarios tuvieron empleados pagados por ellos, dentro de estas oficinas, claro los cercanos a los gobernadores. El caso es que los empleados de Catastro han rechazado dos veces la digitalización, imaginen que los usuarios hagan por internet sus trámites y un algoritmo califique la legalidad de los documentos, que no haya intervención humana e impere la legalidad.
Señores lectores, se va a acabar la corrupción en este ámbito de gobierno y muchos otros como las concesiones de taxis de todo tipo, en mercados, establecimientos comerciales, etc., los permisos para que operen las farmacias, hospitales, bares, locales para fiestas, las multas de tránsito que no paga el pulpo camionero y las negocia. Muchas cosas tendrán orden y legalidad, con el nuevo decreto presidencial de que la administración pública se digitalice en todos los trámites.
Sobrarán muchos empleados de ventanilla, tal vez desparezca el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, se cierren algunos juzgados o les disminuya el trabajo de la enorme cantidad de demandas por compraventas ilegales. Va a tardar un poco, pero es el camino a la legalidad y la seguridad jurídica que tanto desea la población.
