La reciente conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a girar en torno a la figura de Ovidio Guzmán, uno de los líderes visibles del Cártel de Sinaloa, actualmente en juicio. El detonante: una polémica declaración del abogado del narcotraficante, Jeffrey Lichtman, quien acusó a Sheinbaum de actuar como “un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”, en lugar de ejercer su liderazgo como jefa de Estado.
La reacción presidencial no se hizo esperar. Con un tono firme, Sheinbaum calificó de inadmisibles las palabras del abogado y anunció que interpondrá una demanda por difamación a través de la Consejería Jurídica. “No estableceré diálogo con el abogado de un narcotraficante”, sentenció desde Palacio Nacional.
UNA RESPUESTA POLÍTICA Y LEGAL: DEMANDA A LA VISTA
Sheinbaum remarcó que el señalamiento de Lichtman no sólo es un insulto personal, sino un ataque contra las instituciones mexicanas. “No se pueden dejar pasar estas afirmaciones”, advirtió, dejando en claro que el gobierno actuará legalmente.
Aunque evitó profundizar en los comentarios dirigidos específicamente hacia su persona, aprovechó la ocasión para retomar un caso emblemático: el del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa exonerado en sexenios pasados. “Es muy claro que había inocencia. Se tiene que esclarecer todo”, afirmó, sugiriendo que el episodio sigue cargado de implicaciones judiciales y políticas.
CIFRAS, NO PALABRAS: DEFENSA DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
En un intento por desmontar las acusaciones de complicidad o permisividad con el crimen organizado, Sheinbaum mostró datos actualizados sobre homicidios. Aseguró que su administración ha logrado una reducción significativa, con un promedio anual de 70.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, gracias a una estrategia basada en cuatro ejes:
Atención a las causas estructurales de la violencia
Coordinación entre niveles de gobierno
Fortalecimiento de las capacidades investigativas
Consolidación de la Guardia Nacional
Reforzó su postura con una gráfica comparativa de los distintos sexenios, destacando que los primeros meses fueron difíciles, pero que la tendencia va en descenso.
RECONOCIMIENTO AL GABINETE Y MENSAJE A LA OPOSICIÓN
Claudia Sheinbaum también aprovechó para respaldar públicamente a su gabinete de seguridad, calificando el trabajo de sus integrantes como “de primera calidad”.
Rechazó cualquier insinuación de contubernio con el crimen organizado y reiteró que en su gobierno “no se establecen relaciones de complicidad con nadie”.
UN EPISODIO QUE EVIDENCIA LA FRÁGIL LÍNEA ENTRE POLÍTICA Y NARCOTRÁFICO
El intercambio entre la mandataria y el abogado de uno de los principales capos del país deja entrever la complejidad del combate al crimen organizado en México. La confrontación pública no solo revela la tensión entre el sistema judicial y el Ejecutivo, sino que expone la forma en que el narco aún penetra el discurso público y judicializa el debate político.
Más allá de las declaraciones, el caso Ovidio Guzmán y sus ramificaciones —como la reciente fuga de Zhi Dong Zhang, presunto miembro del Cártel de Sinaloa y CJNG— reafirman la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia, combatir la corrupción y garantizar que ni el poder político ni el judicial estén al servicio de intereses criminales.
