El pasado lunes 16 de junio, dos tiendas OXXO en Juchitán de Zaragoza, ubicadas una en calle Abasolo con Rosendo Pineda y otra en la calle Saúl Martínez de la Octava Sección, fueron consumidas por incendios provocados. Las acciones criminales generaron alarma entre comerciantes y vecinos, que presenciaron las desalmadas escenas y sufrieron afectaciones económicas y sociales.
DETENIDOS CUATRO SOSPECHOSOS EN OPERATIVO REGIONAL
Gracias al reforzamiento de la Operación Sable, llevada a cabo este miércoles 18 de junio en distintos puntos de Juchitán, se detuvo a cuatro hombres señalados como responsables materiales de los ataques: N.J.J.C. (“Chico Bala”), J.A.S.S. (“Chuy”), B.A.C.S. (“Papaya”) y C.E.B.C. (“Cachorro”). Fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar proceso penal.
Se presume que estos ataques forman parte de las acciones de una célula vinculada al apodado “Comandante Cromo”, acusado de generar violencia sistemática en la región. Además de incendios, los detenidos estarían implicados en amenazas telefónicas por cobro de piso dirigidas a comerciantes y sectores sociales, tanto en Juchitán como en municipios cercanos.
UN LLAMADO A ACTUAR: INTELIGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA
Los operativos combinados entre agencias estatales, la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública representan una respuesta coordinada frente a la impunidad.
No obstante, expertos coinciden en que la violencia criminal en Juchitán no se erradica con detenciones aisladas, sino con una estrategia integral que incluya prevención, justicia pronta y mejores condiciones para la comunidad.
PENDIENTE: JUSTICIA Y REPARACIÓN
Si bien la captura de los presuntos responsables de los incendios y amenazas es un paso, la sociedad, oaxaqueña en general y juchiteca en particular, exige transparencia en las investigaciones, procesos judiciales efectivos y medidas de reparación para las víctimas. Particularmente, los comerciantes afectados que perdieron mercancía y sufrieron daños estructurales.
Finalmente, este caso resalta que la violencia organizada en el Istmo sigue operando con tácticas de intimidación económica y social. La ciudadanía, por su parte, observa con atención si los mecanismos de justicia y seguridad alcanzan a desarticular estas redes y proteger a la comunidad.
