Tras casi medio año prófugo, J.A.S.C., alias “El Kalusha”, fue detenido en un paraje rural del estado de Oaxaca, acusado de participar en el asesinato de un candidato a presidente municipal en Puebla y de dejar gravemente herida a su esposa.
El operativo se llevó a cabo en una brecha de terracería rumbo a Santiago Llano Grande la Banda, en la región de Jamiltepec. Y la operación fue ejecutada por elementos de investigación de Oaxaca y Puebla. Con apoyo de las fuerzas armadas.
EL CRIMEN POLÍTICO QUE SACUDIÓ A SAN PEDRO ZACACHIMALPA
Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2025 en las calles de San Pedro Zacachimalpa, Puebla. Cuando el candidato J.M.Z.J. se desplazaba junto con su esposa en dos vehículos. Ambos fueron atacados a balazos, resultando en la muerte del aspirante y lesiones graves a su pareja.
El crimen generó indignación y tensión electoral, siendo señalado como un acto de violencia política que refleja el riesgo persistente en procesos electorales locales. Donde actores criminales pretenden incidir por medio de la intimidación o el asesinato.
UN HUIDO CON RASTRO EN OAXACA
Con una orden de aprehensión vigente, los investigadores del caso rastrearon los movimientos de “El Kalusha” y lograron ubicarlo en la Costa oaxaqueña. Donde aparentemente se refugiaba para evadir la justicia. Fue necesaria la colaboración interinstitucional y un despliegue táctico conjunto con la Defensa Nacional y la Marina, debido a las condiciones del terreno y el riesgo de fuga.
La captura se realizó sin incidentes, y el detenido fue certificado médicamente y trasladado por agentes de la Fiscalía de Puebla para ser procesado por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
VIOLENCIA ELECTORAL: UN FENÓMENO QUE PERSISTE
El caso vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de candidatos y candidatas en regiones con presencia de redes criminales. Si bien las detenciones como esta muestran avances en materia de procuración de justicia, la violencia política en México no cede.
Organismos civiles han señalado que, en cada proceso electoral, decenas de aspirantes locales son amenazados, agredidos o asesinados, sin que existan estrategias preventivas efectivas ni condiciones de seguridad garantizadas en muchas zonas del país.
¿Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER A CANDIDATOS?
Más allá de la captura, este caso resalta el vacío institucional en torno a la protección de personas que participan en procesos democráticos locales. En muchos municipios, la ausencia de cuerpos policiales confiables o efectivos permite que grupos armados actúen con impunidad.
Mientras el acusado enfrenta su proceso en Puebla, la exigencia social crece:
¿cuántos más deben morir o huir antes de que se establezca una política real de prevención de la violencia política?
