En el Istmo de Tehuantepec, la violencia se sigue expandiendo. A pesar de que autoridades estatales anunciaron con orgullo los resultados de la Operación Sable, con más de cincuenta presuntos delincuentes detenidos, los crímenes no han disminuido. Por el contrario, el cobro de piso, las amenazas y las balaceras han alcanzado incluso a comunidades pequeñas, como El Espinal. Donde una familia fue forzada al desplazamiento tras un ataque armado a su domicilio.
La situación ha escalado con fuerza en municipios como Juchitán, Matías Romero, Salina Cruz y Ciudad Ixtepec, y ahora afecta también zonas que antes se consideraban tranquilas. La lógica de los grupos criminales es clara: intimidar, extorsionar y sembrar el terror, mientras las autoridades se mantienen rebasadas o en silencio.
“No podemos seguir viviendo en nuestro pueblo”
Una publicación en redes sociales conmovió a los ciudadanos del Espinal. Se trató de un testimonio desgarrador de una familia que tuvo que huir tras recibir amenazas de muerte y sufrir un ataque con armas de fuego en su vivienda. La razón: tener un negocio familiar de reparación de celulares.
“Hoy nuestro negocio no siempre da para todos los días y hay cuentas que pagar, pero al ser amenazados no podemos seguir viviendo en nuestro pueblo. Tememos por la seguridad y la vida de nuestra familia…”
“Primero fueron amenazas por mensajes, y la noche del lunes 9 de junio ya fueron detonaciones de arma de fuego en nuestro hogar… ahora nos amenazan con quemarlo.”
“Aunque nos digan que todo está bajo control, hemos visto que no es así. Hoy nos tocó a nosotros, mañana no sabemos a quién más.”
Ataque en Juchitán: prenden fuego a refaccionaria
El mismo clima de terror se vive en otras zonas. La mañana del sábado, en Juchitán, un grupo de sujetos incendió de manera intencional la refaccionaria “Nueva Era”. Ubicada sobre la carretera federal 185, muy cerca del crucero.
Por otra parte, testigos señalaron que los atacantes arrojaron gasolina y prendieron fuego. En lo que autoridades investigan como un probable caso de extorsión.
Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, y el fuego fue sofocado rápidamente por los trabajadores con extintores. Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos, y el temor permanece entre los comerciantes locales.
“No hay autoridad que proteja a uno”: reacción ciudadana
La denuncia pública de la familia desplazada provocó una ola de reacciones en redes sociales. Donde ciudadanos expresaron indignación, miedo e impotencia:
“Lamentable situación y lo que más da coraje es que no hay autoridad que proteja a uno…”
“Nombreee, es la flor de la primavera oaxaqueña, es el segundo piso de la transformación, viva la 4T”, ironizó otro usuario.
“Por lo general siempre son idiotas que consiguen un arma… empiezan con uno y así van creciendo su banda criminal.”
“Hay que unirse, pueblo de El Espinal, hacer rondín y caiga quien caiga.”
“Esto ya rebasó los límites, y las autoridades incompetentes y corruptas.”
“Triste situación. Si la denuncia es honesta, VERDAD PURA. ¡La autoridad municipal debe responder esta queja!”
Estas voces reflejan un hartazgo social cada vez más evidente, ante la percepción de que el gobierno responde con discursos, pero no con soluciones reales ni protección efectiva.
Operativos sin impacto: la impunidad permanece
Aunque la Operación Sable fue anunciada como un golpe al crimen organizado, los hechos recientes muestran que el control territorial por parte de grupos delictivos continúa vigente, y que las detenciones no han sido suficientes para contener la expansión de la violencia.
“Nos dicen que todo está bajo control, pero la gente está huyendo, están quemando negocios y disparando a casas. Eso no es seguridad.”, expresó un comerciante de Juchitán bajo anonimato.
Urge una estrategia de seguridad real y permanente
Ante la creciente crisis, queda claro que no basta con operativos mediáticos ni detenciones esporádicas. Se necesita una estrategia de seguridad sostenida, con presencia permanente, programas de atención a víctimas y persecución efectiva de extorsionadores.
Además, es crucial que las fiscalías actúen con rapidez y que los municipios no sigan actuando con omisión o indiferencia.
La violencia en el Istmo ya no es solo un problema de cifras: es una emergencia humanitaria silenciosa, que está desplazando familias, destruyendo economías locales y quebrantando la confianza social.
